Colombia arrestó a un exmagistrado de la Corte Suprema, como parte de un caso de corrupción que ha alcanzado a los más altos niveles del sistema judicial, lo que pone de relieve uno de los retos más importantes que enfrenta el país, a pesar de que sigue haciendo grandes avances en el ámbito de la seguridad.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte Gómez fue detenido el 20 de septiembre por cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, según lo anunció la Fiscalía General de Colombia mediante un comunicado de prensa.
Esta detención hace parte de una investigación sobre una red supuestamente compuesta por algunos de los más altos funcionarios judiciales del país, quienes han sido acusados de recibir grandes sumas de dinero a cambio de entorpecer el avance de casos importantes.
El escándalo estalló en el mes de junio, cuando Estados Unidos anunció una solicitud de extradición del fiscal que se encontraba anteriormente a cargo de la unidad anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, irónicamente por cargos de corrupción.
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El 19 de septiembre, un día antes del arresto de Ricaurte, Moreno había comparecido ante la corte junto con el senador Musa Besaile, uno de los miembros del congreso acusados de sobornar a los funcionarios judiciales para que bloquearan las investigaciones, pero él es el único que ha admitido haberle hecho pagos a Moreno.
Besaile insistió en que Moreno le exigió 2 mil millones de pesos (casi US$700.000) para que frenara una orden de captura en su contra, según informó El Colombiano. Moreno, por su parte, insistió en que esta suma eran sus "honorarios como abogado".
Besaile también reiteró las acusaciones según las cuales Ricaurte y otro exmagistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, participaron en dicho esquema. Según Semana, Moreno impugnó las acusaciones de Besaile relacionadas con Bustos, pero dijo que de los 2 mil millones de pesos, 550 millones de pesos (casi US$200.000) fueron entregados directamente a Ricaurte.
Moreno agregó además que un juez de la Corte Suprema, Gustavo Malo, sabía sobre dichos tratos. Malo estaba encargado hasta hace poco de la investigación de la denominada "parapolítica", enfocada en los vínculos de políticos con los grupos paramilitares desmovilizados de Colombia. Besaile ha sido implicado en el escándalo de la parapolítica.
Además de Besaile, las autoridades están investigando si Moreno también recibió sobornos de dos miembros del congreso, Hernán Andrade y Álvaro Ashton. Y, según El Espectador, Julio Manzur, antiguo miembro del congreso, afirma que él rechazó dos ofertas de Moreno de cerrar una investigación a cambio de recibir 2 mil millones de pesos.
Por otra parte, las autoridades de Estados Unidos dicen tener grabaciones en las que Moreno acepta sobornos de otro político, el exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Llyons Muskus.
Análisis de InSight Crime
Si bien el caso apenas está comenzando, los medios de comunicación ya se están refiriendo a este escándalo de corrupción como el peor que se ha presentado en la Corte Suprema de Colombia. Y las recientes revelaciones permiten suponer que habrá más arrestos de otros jueces de las altas cortes.
Además de involucrar a figuras de los más altos niveles del poder judicial, este caso es preocupante debido a las acusaciones que sugieren que se ha repetido un patrón constante de corrupción que involucra a varios altos funcionarios judiciales, lo cual podría dar indicios de una red estructurada que ha operado por mucho tiempo.
Además, el caso involucra a poderosas élites políticas empeñadas aparentemente en desviar el curso de las investigaciones judiciales en los más altos niveles. Esto permite pensar una vez más que, a pesar de que Colombia ha registrado sus tasas de homicidios más bajas en más de cuatro décadas, ha logrado la desmovilización de los grupos paramilitares y ha puesto fin a una guerra civil de 50 años, el país aún enfrenta retos importantes en términos de la lucha contra la corrupción generalizada, especialmente dentro de las instituciones que son claves para consolidar los logros de seguridad que con tanta dificultad se han conseguido.
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