El número de agentes de seguridad de El Salvador que han sido acusados de algún delito aumentó en más del 50 por ciento en 2016, un hecho que puede estar ligado a las crecientes hostilidades entre la policía y las poderosas pandillas del país.
Los 1.719 policías y militares que fueron acusados entre enero y octubre de 2016 representan un aumento del 54 por ciento con respecto al año anterior, y 112 por ciento con respecto a 2014, según cifras oficiales a las que tuvo acceso la agencia de noticias ACAN-EFE. La cantidad de funcionarios de seguridad pública que terminaron involucrados en problemas legales durante los primeros nueve meses de 2016 supera el total de cualquiera de los dos últimos años.
De los 4.142 funcionarios de seguridad acusados desde 2014, el 85 por ciento son policías, mientras que el restante 15 por ciento son militares. Los soldados se despliegan con frecuencia en zonas controladas por las pandillas, donde la violencia y la inseguridad general suelen ser más altas.
Según la agencia ACAN-EFE, el delito más frecuente del que el personal de seguridad pública ha sido acusado durante este período de tres años son las lesiones personales (658), seguido por las amenazas (527), los homicidio (441), el robo (231) y el abuso sexual (176).
La agencia de noticias también señaló que cerca de dos docenas de policías han sido detenidos este año por pertenecer a escuadrones de la muerte contra pandillas, o bien por uso excesivo de la fuerza.
Análisis de InSight Crime
El aumento en el número de policías y militares que enfrentan cargos criminales sería una señal alentadora de que el sistema judicial está comenzando a controlar a las fuerzas de seguridad de El Salvador, que son notoriamente violentas. Si bien en parte esa puede ser la razón, el factor principal detrás del aumento en las lesiones personales, las amenazas y los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad se debe probablemente a una dinámica mucho más siniestra que se está presentando en El Salvador.
Las autoridades han intensificado su presión contra las pandillas del país, las más poderosas de las cuales son la MS13 y Barrio 18. Los tiroteos entre las pandillas y la policía se presentan en promedio casi dos veces al día, y en ellas los miembros de las pandillas representan la inmensa mayoría de las muertes como resultado de estos enfrentamientos.
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El elemento central de la política del gobierno contra las pandillas son las llamadas "medidas extraordinarias", que buscan interrumpir las comunicaciones entre los líderes de las pandillas encarcelados y sus subordinados que se encuentran en las calles. Los funcionarios implementaron las primeras medidas en el mes de abril, y desde entonces las han duplicado incrementando la seguridad en las prisiones y las áreas circundantes.
En este clima de violentas represalias y de agresión contra las pandillas, parece que un número creciente de policías y militares están aplicando sus propias formas de "justicia", que violan el marco jurídico del país.
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