Dos vehículos del transporte público fueron hurtados e incendiados en Ciudad de México debido a que los transportistas no pagaron las extorsiones, lo que demuestra que los trabajadores del transporte público y los pasajeros son cada vez más afectados por la violencia relacionada con la extorsión.
El 1 de agosto, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los grupos criminales estaban extorsionando a los empleados del transporte público de la ciudad, según informó Milenio.
Ese mismo día, en un informe de Excelsior, el fiscal general del estado declaró que los investigadores habían identificado a dos grupos criminales responsables de las extorsiones, así como del robo y la quema de autobuses. El primer grupo está liderado por Miguel Ángel N., alias “El Monterrey”, quien durante mucho tiempo se ha dedicado a extorsionar y matar a los conductores de autobuses. El segundo grupo, sin identificar, al parecer ataca a los autobuses que ingresan a la capital provenientes del estado de México.
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Dichos anuncios se presentan después de un fuerte repunte de los ataques violentos contra el transporte público en Ciudad de México. La ciudad capital está registrando un promedio de 28 agresiones diarias contra el transporte público, casi el triple de lo que se registró en enero de 2018, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En mayo y junio de este año se presentaron en promedio 800 ataques, 100 más que durante los primeros cuatro meses del año.
Los trabajadores del transporte han estado exigiendo una respuesta del gobierno frente a la creciente inseguridad. El 16 de julio, tras la muerte violenta de dos de sus colegas a principios de ese mes, los conductores del transporte público bloquearon dos vías principales, exhibiendo letreros con mensajes como: "Ya no más sangre al volante" y "AMLO, nos están matando".
Análisis de InSight Crime
Aunque el narcotráfico suele llenar los titulares relacionados con la inseguridad en Ciudad de México, la extorsión al transporte público es un crimen mucho más insidioso y una amenaza inmediata para los 6,1 millones de personas que utilizan el transporte público a diario.
Aunque históricamente se ha considerado como una de las ciudades más seguras del país, las estadísticas muestran que el transporte público en Ciudad de México está siendo cada vez más atacado. De los 16.543 asaltos que ocurrieron en el transporte público en México en 2018, alrededor de una cuarta parte ocurrió en la capital.
Y casi todos estos ataques involucraron derramamiento de sangre. De los 4.769 ataques al transporte público registrados en los seis primeros meses de 2019, solo 30 casos no fueron violentos. Si quiere controlar las tasas de violencia de la ciudad, el gobierno deberá ir tras los grupos que llevan a cabo estos ataques y extorsionan al sector del transporte público.
Sin embargo, estos criminales rara vez son castigados: 99 de cada 100 asaltos al transporte público en México no son reportados.
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Al parecer, las autoridades son conscientes de esta situación, como lo demuestran los anuncios del gobierno y la decisión de desplegar 6.600 agentes de policía dedicados a proteger el transporte público, así como la promesa de instalar cámaras de seguridad, dispositivos de rastreo GPS y botones de emergencia en los vehículos del transporte público.
Por otro lado, dado que los robos se están volviendo cada vez más violentos y sangrientos, algunos proveedores de transporte de Ciudad de México han suspendido temporalmente el servicio.
En El Salvador, Guatemala y Honduras (países del Triángulo Norte), los operadores de autobuses también han intentado suspender el servicio para protestar contra los ataques de las pandillas callejeras, que por mucho tiempo han extorsionado al sector. Pero dichas protestas han sido infructuosas. Los asaltos a los autobuses y taxis siguen cobrando la vida de los pasajeros y haciendo que el oficio de conductor en el país sea uno de los más peligrosos.
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