La mayor celebración anual de Brasil se festejó en medio de varios indicios de una agudización de la inseguridad en Río de Janeiro, y de la constante preocupación por la corrupción y la infiltración de los criminales en la política en la segunda ciudad más poblada del país.
A pesar de que 17.000 policías trabajaron durante las festividades entre el 9 y el 13 de febrero, la violencia fue un tema significativo debido a que bandas de jóvenes agredieron y atracaron a los turistas en zonas que habitualmente se consideran seguras. Por otro lado, varios enfrentamientos con criminales dejaron como resultado tres policías muertos y dos heridos.
Las escuelas de samba, algunas de las cuales utilizaron sus atractivos desfiles para llamar la atención sobre temas de inseguridad y corrupción, se vieron paradójicamente empañadas por acusaciones de corrupción.
Beija-Flor, los eventuales campeones del carnaval, incluyeron representaciones de la violencia de las pandillas en los barrios marginados, así como una rata gigante como símbolo de los políticos corruptos. Por otro lado, el presidente de la organización enfrenta actualmente una condena de 48 años por asociación delictiva y corrupción. El presidente de otra importante escuela de samba también está siendo investigado por lavado de dinero.
Los problemas de seguridad durante el carnaval parecen surgir de una falta de organización por parte de funcionarios de la ciudad. El alcalde Marcelo Crivella se encontraba viajando en Europa durante todas las festividades, y el plan de seguridad para el evento cambió drásticamente en medio de la fiesta tras los brotes de violencia. (El año pasado, miles de policías militares fueron enviados a la ciudad antes de la celebración como refuerzos de seguridad.)
El 16 de febrero, pocos días después del final del carnaval, el presidente Michel Temer firmó un decreto según el cual el ejército nacional tomará el control total de las operaciones de seguridad en el estado de Río de Janeiro, lo que incluye asumir el mando de las fuerzas de policía civiles. La intervención federal durará hasta finales del año.
Análisis de InSight Crime
Muchos esperaban que el Carnaval de Río de Janeiro diera un respiro a los problemas que han acosado a la ciudad. Por el contrario, permitió recordar que asuntos como la creciente violencia y la corrupción profundamente arraigada siguen estando presentes en la mente del pueblo brasileño.
Como lo reflejan varias presentaciones de las escuelas de samba, las encuestas recientes han mostrado una creciente preocupación entre los residentes de Río de Janeiro por la inseguridad relacionada con la violencia de las pandillas. Barrios enteros están sitiados, dado que los grupos criminales continúan atacando a la policía y enfrentándose entre ellos mismos.
La respuesta oficial ante la crisis (las constantes olas de militarización) no ha producido logros a largo plazo. Y el director de las fuerzas armadas advirtió recientemente que la participación del ejército en las operaciones de seguridad civil podría generar corrupción entre las tropas. Pero la intención de un cambio de estrategia ha sido obstaculizada por la falta de recursos y de voluntad política.
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Asimismo, las denuncias de corrupción contra los líderes de las escuelas de samba dan cuenta de un sistema al que todavía les es difícil controlar la corrupción profundamente enraizada.
A pesar de los esfuerzos de lucha contra la corrupción durante varios años, que han alcanzado a las más altas esferas del poder político y económico de Brasil, este tema está desempeñando un papel prominente en vísperas de las elecciones generales que se celebrarán en octubre —especialmente en Río de Janeiro—. Un informe de la Policía Federal obtenido recientemente por O Globo llama la atención sobre el riesgo de alianzas entre políticos locales y jefes de organizaciones criminales que buscan influir en los resultados de las elecciones.
Dicho informe se presentó justo después de las acusaciones de que la designada del presidente Michel Temer para el Ministerio del Trabajo, Cristiane Brasil, les pagó a narcotraficantes para tener derecho exclusivo a hacer campaña en un suburbio de Río en las elecciones de 2010. Los grupos criminales también fueron acusados de intentar intervenir en las elecciones municipales de 2016 en Río de Janeiro mediante violencia política y financiamiento ilícito de las campañas.
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