El gobierno boliviano ha admitido que el crimen violento está en aumento y que las fuerzas de seguridad están mal equipadas para lidiar con ello, lo que evidencia que la presencia del crimen transnacional y el aumento del narcotráfico han causado estragos.
Carlos Romero, Ministro de Gobierno, dijo que aunque la tasa de homicidios de Bolivia, de 11 por cada 100.000 habitantes, aún estaba lejos de las de Centroamérica, la cual se encuentra "(…) tres veces por encima de los países que han logrado éxito en políticas de seguridad ciudadana, particularmente de la experiencia chilena", informó EFE.
Las tasas de criminalidad han aumentado en los últimos años, dijo el Ministro, y la policía carece de personal y equipamiento. Romero dijo que hay un policía por cada 301 habitantes, cuando la tasa ideal es uno por cada 250; agregando que por cada vehículo oficial había 34 agentes y 17 para cada moto, lo que limita la capacidad de patrullaje y la movilidad.
El gobierno está implementando un nuevo plan de seguridad que busca llevar a cabo "intervenciones especiales" de más de mil policías y decenas de fiscales en las ciudades con los índices más altos de delincuencia, como Santa Cruz y Cochabamba.
Análisis de InSight Crime
Hay una variedad de factores que contribuyen al deterioro de la seguridad en Bolivia, históricamente uno de los países más seguros de Suramérica. Al ser uno de los tres principales países productores de cocaína en el mundo, el narcotráfico ha visto cada vez más participación de actores criminales internacionales, en particular los poderosos grupos criminales de las prisiones de Brasil. Se estima que el 80 por ciento de la cocaína boliviana termina en Brasil, y una importante cantidad de cocaína peruana también viaja a través del país, siendo la ciudad oriental de Santa Cruz el epicentro regional para el paso de narcotraficantes. Las incautaciones de base de coca se duplicaron entre 2006 y 2011, mientras que las incautaciones de clorhidrato de cocaína casi que se cuadruplicaron.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad bolivianas y el sistema judicial son notoriamente débiles y corruptos, y han perdido el apoyo institucional otorgado anteriormente por Estados Unidos. Este país cortó el último de sus lazos antinarcóticos cuando cerró su oficina boliviana antidrogas en mayo, el último clavo en el ataúd de una relación que se había deteriorado constantemente desde la expulsión de DEA en 2008.
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