Un grupo criminal en Perú abrió una oficina de gobierno falsa para embaucar a contratistas licitantes en un proyecto de obras públicas, aunque el montaje solo funcionó por la larga historia de cobro de coimas y corrupción en este tipo de proyectos.
Con la apertura de oficinas, haciéndose pasar por funcionarios y preparando documentos y mensajes de correo electrónico falsos, el grupo criminal simuló ser una dependencia oficial del gobierno peruano responsable de un monumental proyecto de infraestructura en el departamento de Piura, al noroeste del país, según un comunicado oficial de las autoridades.
Los informes en los diarios difieren sobre el monto de la estafa, pero entre 50 y 100 contratistas cayeron en el tinglado. Los contratistas entraron en contacto con el grupo después de responder a anuncios aparecidos en una publicación peruana sobre la licitación de contratos conectados con el proyecto de infraestructura conocido como “Reconstrucción con Cambios”. El proyecto ofrece unos 25 millones de soles (US$7,5 millones) a regiones de Perú que sufrieron daños por lluvias y deslizamientos de tierra debido al fenómeno climático El Niño, en 2017.
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En tres oficinas alquiladas en el edificio de la Cámara de Comercio de Piura, el grupo criminal engañó a los contratistas para que creyeran que pertenecían al ente gubernamental encargado del proyecto de infraestructura.
En varias reuniones, ofrecieron ayudar a los contratistas a dar trámite acelerado a los documentos necesarios para cumplir los requerimientos de la licitación, como la obtención de licencias técnicas y cartas de financiación. Por esos servicios, los contratistas pagaron entre 2.500 (US$750) y 15.000 soles (US$4.500).
Los empleados falsos luego informaban a los contratistas que las licitaciones favorecidas serían asignadas por un comité especial de selección que requería sobornos.
Un investigador declaró a Diario Correo que pocos contratistas temían presentarse, porque temían haber cometido un delito al pagar el soborno.
Las autoridades han arrestado desde entonces a 15 personas del grupo criminal al que las autoridades llamaron "Los Impostores de la Reconstrucción".
El presunto autor intelectual, Miguel Martínez Rivera, alias “El Ingeniero”, enfrenta varios cargos relacionados con crimen organizado, falsificación y fraude, informó El Comercio.
Análisis de InSight Crime
Aunque la creación de una oficina de gobierno falsa para recibir sobornos de contratistas era un esquema novedoso, eso fue posible solo porque la corrupción de ese tipo en contratos de obras públicas es práctica consolidada en los negocios en Latinoamérica.
De hecho, el enorme escándalo de corrupción de Odebrecht, que gira en torno al gigante constructor brasileño que pagaba coimas para asegurarse exclusivos contratos del gobierno por miles de millones de dólares para proyectos de infraestructura, agitó a Perú recientemente. Cuatro de sus expresidentes tienen investigaciones abiertas por sospechas de conexión con el esquema de corrupción.
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Forzado a renunciar a la presidencia el año pasado, a Pedro Pablo Kuczynski se le ordenó recientemente detención preventiva domiciliaria por acusaciones de soborno derivadas del escándalo de Odebrecht. Ollanta Humala, su predecesor, también fue arrestado y puesto en detención preventiva por cargos similares, aunque posteriormente fue liberado. Alan García, quien fue presidente de Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, se suicidó hace dos semanas cuando la policía llegó a su casa. Y el predecesor de García, Alejandro Toledo, también fue acusado de aceptar sobornos.
Los presidentes de Perú, sin embargo, no son con mucho los únicos en aprietos. Un buen número de figuras políticas, legisladores y magnates de varios lugares de Latinoamérica han caído por la investigación de Odebrecht, que en Basil se conoció como la “Operación Autolavado Exprés” (“Operação Lava Jato”). Cerca de una docena de países latinoamericanos que suscribieron contratos de construcción con Odebrecht hacen parte de una investigación, que no da señales de terminar.
Aunque atroz por su escala y las sumas implicadas, el escándalo de Odebrecht no es algo anómalo en Latinoamérica, donde los sobornos y coimas muchas veces se consideran parte del costo de hacer negocios. Eso convierte los contratos de obras públicas en un imán tanto para criminales de cuello blanco como para grupos del crimen organizado.
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