Crisis colombo-venezolana evidencia el costo humano del control a la economía ilegal

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El cierre casi completo de la frontera entre Colombia y Venezuela podría ser desastroso para las comunidades que dependen de la economía del contrabando, pese a los esfuerzos del gobierno colombiano para poner en marcha programas de empleo alternativo.

Luego de varias semanas del cierre de pasos fronterizos en el estado de Táchira, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha extendido el cierre hacia el norte, al estado más poblado del país, Zulia.

El objetivo es supuestamente obstruir el contrabando de combustibles subsidiados y de otros artículos de Venezuela a Colombia, lo cual afectaría a los colombianos que viven de la venta de combustible de contrabando —conocidos como pimpineros—, así como a una comunidad indígena transfronteriza, los wayú.

Colombia está planeando realizar un censo con el fin de identificar a las familias de pimpineros afectadas y de ofrecerles recursos para establecer empresas legales alternativas, reportó El Espectador.

“Hay entre 4.000 y 6.000 familias que viven de este negocio, y por eso es importante ofrecerles las condiciones para que cambien esta actividad que han venido desarrollando por años”, les dijo a los medios Cecilia Álvarez-Correa, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Por su parte, los líderes indígenas wayú denunciaron inmediatamente el reciente cierre. Cientos de miles de wayú viven en ambos lados de la frontera —a la que no reconocen— y participan en actividades de contrabando —al que no consideran ilegal—.

El gobierno de Venezuela declaró que respetaría el estilo de vida nómada de los wayú, pero al mismo tiempo desplegó 3.000 efectivos más en Zulia.

Análisis de InSight Crime

Aunque la reciente crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela puede tener que ver más con política que con la lucha contra el contrabando, interrumpir el comercio de una manera tan abrupta puede tener consecuencias imprevistas. Si bien hay poderosas mafias y grupos armados que dirigen, regulan y se benefician de gran parte del comercio ilegal, especialmente del combustible de contrabando, también es cierto que hay miles de personas que lo ven como la única fuente de trabajo.

“La gente no percibe el contrabando como un delito, lo ven como una forma de vida, una manera de ganarse el sustento”, le dijo a InSight Crime el jefe de la Policía Fiscal Aduanera (Polfa) antes de que la crisis comenzara.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre el contrabando

El hecho de que las comunidades locales dependan del contrabando para su subsistencia implica que estarían dispuestas a enfrentar los intentos de controlarlas. Los esfuerzos por detener o reducir el número de pimpineros en Colombia han resultado a menudo en protestas y disturbios. Por otra parte, se han presentado tiroteos cuando las autoridades venezolanas han intentado controlar las operaciones de contrabando de los wayú.

Además de agregar más violencia a una situación de por sí ya tensa, interrumpir el contrabando de manera abrupta dejará decenas de miles de personas desempleadas en un momento en el que los albergues y las organizaciones de socorro se están esforzando por atender a las casi 15.000 personas afectadas por el cierre de la frontera y por la posterior expulsión de muchos colombianos de Venezuela.

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