Las declaraciones del gobierno de El Salvador sobre los supuestos éxitos de su plan de seguridad de “medidas extraordinarias” contrastan con la situación real en las calles y prisiones del país, y desafían las reiteradas peticiones de la comunidad internacional para suspenderlas.
El 11 de abril, el ministro de Seguridad y Gobierno de El Salvador, Mauricio Landaverde, presentó un informe sobre las medidas extraordinarias de seguridad implementadas desde abril de 2016, donde atribuye al plan una supuesta reducción de los homicidios y el hacinamiento penitenciario.
El polémico plan de seguridad del gobierno incluye arrestos masivos y el despliegue de las fuerzas de seguridad y tanquetas en las calles. En las prisiones se ha limitado el acceso de los reclusos a la luz solar y, en algunos casos, e ingreso de sus abogados.
El gobierno atribuyó a las medidas extraordinarias una caída de casi la mitad en el porcentaje de hacinamiento penitenciario, que según Landaverde se logró “gracias a la reducción drástica de comunicación de los criminales desde las cárceles con los grupos que operan en libertad”.
Por otra parte, para calcular lo que implicaría una reducción de 40 por ciento en la tasa de homicidios durante el plan, el ministro comparó la de 2015, el año más violento del país en lo que va del siglo, con la de 2017, que cerró en 60,07 por cada 100.000 habitantes.
Análisis de InSight Crime
La retórica triunfalista del gobierno de El Salvador sobre su cuestionado plan de seguridad contrasta con la violenta realidad del país y desafía los llamados de la comunidad internacional a levantar las medidas.
La supuesta reducción a la que hizo referencia Landaverde es relativa y está más relacionada con las fechas y cifras que convenientemente decidió elegir.
De hecho, a mediados del año pasado, el país fue testigo de un abrupto repunte en sus muertes violentas y en el primer trimestre de 2018, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó un incremento de 14 por ciento en los homicidios con respecto al mismo período del año anterior. El gobierno atribuyó el aumento a una supuesta purga al interior de las pandillas.
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A pesar de los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, para que las medidas no fueran renovadas, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó recientemente –en una decisión casi unánime, con 64 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones– que las medidas fueran extendidas durante seis meses.
En una entrevista con InSight Crime, Callamard, quien ya había calificado a las medidas de “ilegales”, se refirió a sus preocupaciones por las violaciones a los derechos humanos que se comenten en el país, y señaló que “(El Salvador) es uno de esos países que están luchando contra la violencia no convencional y utilizando la fuerza excesiva en sus respuestas”.
El argumento de que las medidas extraordinarias han reducido la comunicación entre el liderazgo de las pandillas pierde validez tras las recientes revelaciones oficiales sobre una reunión en la que miembros de una de las estructuras de la pandilla MS13 planeaban buscar una segunda tregua con el gobierno en enero de 2016, según informó La Prensa Gráfica.
Según la Fiscalía General de la República, la tregua no se concretó debido a la aprobación del prolongamiento de las medidas extraordinarias meses después.
La confusa forma en que el gobierno decidió interpretar y presentar las cifras de violencia podría ser mejor vista como un intento de la administración de Salvador Sánchez Cerén para mejorar la percepción pública sobre los pobres resultados que ha tenido en materia de seguridad, de cara a las elecciones presidenciales de 2019.
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