La Asamblea Nacional de Venezuela, en control de la oposición, declaró que el país ha sufrido un golpe luego de que el gobierno bloqueara las iniciativas de presión para la realización de un referendo revocatorio del presidente, profundizando así una crisis política que empeora la actividad criminal en Venezuela.
En una sesión de emergencia el 23 de octubre, la coalición de partidos de oposición que domina la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una resolución para exigir el restablecimiento del orden constitucional en el país.
Pese a los esfuerzos por cerrar el debate de los manifestantes progobiernistas, al tomarse la sala, la Asamblea redactó un documento de tres páginas donde declaraba que había habido una "ruptura del orden constitucional" y un "golpe de estado cometido por el presidente Nicolás Maduro". La resolución se dio en respuesta a los eventos de la última semana, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela paralizó los intentos de organizar un referendo revocatorio que podría haber destituido a Maduro.
El documento exige una sesión extraordinaria para debatir la posición del presidente Maduro y la sustitución de los funcionarios del CNE, así como los jueces de la Corte Suprema, entes que cada vez más se han usado para hacer la Asamblea a un lado. También reclama la intervención de la comunidad internacional para proteger la democracia en Venezuela y llama al ejército a desobedecer cualquier orden que sea inconstitucional o atente contra los derechos civiles.
Maduro respondió a los eventos con una declaración en la que acusa a la oposición de "intentar tomarse el poder por medios inconstitucionales", según reportó la BBC.
Análisis de InSight Crime
La crisis política en Venezuela puede afectar de varias maneras la dinámica criminal en el país, todas las cuales pueden empeorar una situación de seguridad ya muy grave.
En su intento por aferrarse al poder, el gobierno ha intentado burlar la creciente influencia política de la oposición confiriendo poderes a dos fuerzas no democráticas claramente distintas, que ya son actores importantes del crimen organizado en Venezuela.
En primer lugar, está el ejército, facciones importantes de los cuales parecen estar aumentando su participación en el negocio de la droga. En julio, el gobierno puso al ejército a cargo de la distribución de alimentos, con lo que amplió su función e influencia social, y abrió nuevas oportunidades para la corrupción, el robo y el contrabando.
El ejército tiene el poder de actuar como traficantes de influencias en el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición; así que asegurarse el apoyo de las fuerzas armadas es clave, como lo evidenció el llamado de la oposición a que los militares desobedezcan las órdenes del gobierno. La forma más fácil como el gobierno garantiza el continuado respaldo de los militares es ofrecer protección a oficiales de alto rango implicados en narcotráfico o esquemas de corrupción a cambio de su lealtad, lo que a su vez cimenta el poder de las figuras más corruptas y criminales en sus filas.
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En segundo lugar, el gobierno se ha apoyado cada vez más en milicias armadas irregulares como amortiguador contra el poder de la oposición. Las investigaciones de InSight Crime han revelado que esta política fomenta la criminalidad, pues algunas milicias usan su posición para controlar las economías ilegales, mientras que las pandillas criminales también se presentan como milicias como cubierta para cometer sus actividades ilícitas.
Con la clausura de las soluciones democráticas a la crisis política en Venezuela y el atrincheramiento de cada bando en sus posiciones, el riesgo de un conflicto social que dé más poder y riqueza a elementos corruptos y criminales no hace más que acentuarse.
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