El despliegue de miles de agentes de la policía militar brasileña en Rio de Janeiro antes del Carnaval, en medio de temores de huelgas policiales debido a una crisis presupuestaria y un plan de seguridad que recicla políticas defectuosas, aumenta la preocupación por el próximo evento.
El 14 de febrero, Brasil envió a 9.000 efectivos de la policía militar a Rio de Janeiro, informó Folha de São Paulo. El cuerpo de seguridad provisional, que representa el 20 por ciento de la policía militar de Brasil, tendrá operaciones por lo menos hasta el 22 de febrero, pero puede extenderse su mandato para cubrir la duración del Carnaval, del 24 de febrero al 1 de marzo.
La celebración del Carnaval de Rio, la fiesta que precede a la época religiosa conocida como Cuaresma, es la mayor de su tipo en el mundo.
El despliegue militar fue motivado por los temores de que una crisis presupuestaria en Rio lleve a una huelga de la policía. La ciudad de Rio de Janeiro enfrenta un déficit presupuestario de US$1000 millones este año, mientras que el estado de Rio de Janeiro espera un déficit presupuestario superior a US$6 mil millones, según el New York Times. El periódico informó que los retrasos en pagos a funcionarios de gobierno, entre ellos los agentes de policía, llevan ya dos años.
Los temores de una huelga policial también se desencadenaron por informes de que cuatro batallones de la policía militar de Rio de Janeiro permanecieron en sus cuarteles mientras sus parientes bloqueaban las salidas el 10 de febrero, según Plus55. El gobernador del estado anunció un aumento salarial para las fuerzas de seguridad con el ánimo mitigar las demandas de aumento.
A comienzos de febrero, el gobierno federal se vio obligado a enviar 3.000 efectivos militares al estado norteño de Espírito Santo, donde una huelga policial desembocó en disturbios en toda la ciudad y docenas de muertos. La huelga fue motivada por los salarios impagos, en un estado que padece una crisis presupuestaria similar a la de Rio.
Entre tanto, el gobierno del presidente Michel Temer lanzó su nuevo plan de seguridad la primera semana de febrero en tres estados piloto, informó Folha de São Paulo. El plan, según se dice, lo incitó la grave crisis del sistema penitenciario de enero, en la que murieron más de 130 reclusos por disturbios en cárceles de todo el país.
Según Folha de São Paulo, la nueva estrategia de seguridad busca alcanzar una reducción de 7,5 por ciento anual en los homicidios, especialmente en las ciudades violentas; un aumento de 10 por ciento en decomisos de armas blancas y de fuego en 2017, y un incremento de 15 por ciento en 2018; más una reducción de la sobrepoblación carcelaria de 15 por ciento para 2018. Sin embargo, el periódico también señala que tres cuartas partes de las 70 nuevas medidas no son tan nuevas: idénticas a las políticas de seguridad de administraciones anteriores.
Análisis de InSight Crime
La decisión tomada por Rio de Janeiro de desplegar 9.000 efectivos del ejército es una penosa repetición de anteriores políticas defectuosas en una ciudad que parece incapaz de brindar financiación adecuada y garantizar la seguridad de eventos públicos importantes. Ante los actuales problemas de seguridad por la proximidad del Carnaval de Rio, las autoridades parecen prepararse para adoptar la misma estrategia militarizada que antes no logró generar ganancias de seguridad a largo plazo.
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En 2016, antes de los Juegos Olímpicos, el gobierno reforzó su estrategia de "pacificación" en los asentamientos informales de Rio, conocidos como favelas. Pero las protestas por la falta de pago de salarios a los policías y los abundantes ejemplos de inseguridad sostenida en la ciudad pusieron en evidencia las limitaciones de estas tácticas de mano dura.
En el actual contexto de la crisis presupuestaria de Rio, es preocupante la visible incapacidad de las autoridades estatales y municipales para garantizar el evento que se avecina. Y dadas las pérdidas humanas ocurridas en la huelga policial de seis días en Espírito Santo, solo cabe imaginar las consecuencias de una parálisis masiva de la policía en Rio, una ciudad habitada por seis millones de habitantes, que espera unos dos millones de personas en las calles durante todos los días del Carnaval.
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