Los socorristas de la Cruz Roja de México se han visto obligados a aceptar equipos de seguridad, luego de una serie de ataques de grupos criminales en los últimos meses, lo que indica que la creciente inseguridad está afectando el trabajo de las organizaciones de ayuda internacional en el país.
Según un informe de El Universal, los voluntarios de la Cruz Roja de México están operando con escoltas de seguridad estatales en la ciudad de Salamanca, estado de Guanajuato, tras varios ataques de grupos criminales. El anuncio se produjo poco después de que un hombre con heridas de bala fuera sustraído de una ambulancia de la Cruz Roja y secuestrado por un grupo armado.
La organización no gubernamental ha pedido a estos grupos que respeten sus vidas y su trabajo, tras un incidente casi idéntico a principios de este mes. Un grupo armado interceptó una ambulancia de la Cruz Roja cerca de Chilpancingo, capital de Guerrero, mientras transportaba a una mujer con heridas de bala hacia el hospital, ejecutándola dentro del vehículo y atacando a dos paramédicos, informó Vanguardia.
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Después de los ataques, la Cruz Roja detuvo temporalmente sus labores y pidió disculpas a sus pacientes afirmando que “todos los que somos voluntarios en esta noble institución creemos en su misión, llena del espíritu humanitario que nos guía, pero en este momento debemos cuidar nuestra integridad”, dice el artículo de El Universal.
Al día siguiente, sin embargo, la organización reanudó operaciones después de que las autoridades estatales de Salamanca proporcionaran escoltas armados para acompañar a los paramédicos en “las llamadas de alto riesgo e impacto”. Las fuerzas de seguridad no han logrado identificar o localizar a los autores de ninguno de los casos.
Análisis de InSight Crime
Los hechos recientes son una prueba más de que los voluntarios de las organizaciones no gubernamentales continúan siendo atacados en todo el país. Estos ataques a veces están dirigidos a organizaciones no gubernamentales específicas, pero en general no son actos coordinados contra las organizaciones humanitarias específicamente, sino más bien crímenes sin planificar.
Los voluntarios suelen quedar en medio de los objetivos de los grupos ilegales, como cuando estos buscan ejercer control sobre las comunidades locales o terminar las ejecuciones que no pudieron completar porque los paramédicos intentaban ayudar a las víctimas.
De hecho, en febrero de este año, un coordinador de la Cruz Roja fue asesinado en Zihuatanejo, en la costa Pacífica de Guerrero, cuando un hombre armado entró en su oficina y le dio un disparo en la cabeza. En noviembre de 2018, un paramédico de la Cruz Roja fue asesinado y otros cuatro fueron heridos en Taxco, una pequeña ciudad de Guerrero, en un incidente que, según el gobernador del estado, “raya en el terrorismo”: un grupo de hombres armados abrió fuego mientras los voluntarios distribuían ayuda humanitaria a habitantes de la localidad.
Si continúan las amenazas y ataques contra los trabajadores de la Cruz Roja y sus pacientes, la organización puede verse obligada a cerrar sus operaciones en México. Esto significaría un duro golpe para algunas de las comunidades rurales más pobres del país, donde grupos como la Cruz Roja han asumido el papel de prestar asistencia sanitaria esencial, dada la ausencia de ayuda del gobierno y de estrategias de seguridad eficaces para protegerlas de la creciente amenaza que plantean los grupos del crimen organizado.
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