La eficacia de una fuerza especial de lucha contra la corrupción en Honduras ha sido puesta en duda una vez más, en el ejemplo más reciente del fracaso de los esfuerzos para reformar el país.
Fuentes anónimas dijeron a La Prensa que el Consejo Nacional Anticorrupción había guardado silencio sobre los evidentes casos de corrupción que involucran a la administración del Presidente Porfirio Lobo. Estos incluyen incidentes tales como la compra irregular de cámaras de seguridad, lanchas para la Fuerza Naval y medicinas para el sistema sanitario público.
El informe también señaló que algunas de las otras organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo, tienen previsto retirar su membresía en un futuro próximo, mientras que también ha habido denuncias de irregularidades administrativas y acoso sexual.
El Consejo fue fundado en 2001 con el objetivo de vigilar la corrupción en Honduras y tradicionalmente ha estado dominado por representantes de la Iglesia y organizaciones no gubernamentales (ONG). Según su sitio en internet, está compuesto por representantes de 12 grupos de la sociedad civil.
Análisis de InSight Crime
Dos de las instituciones que ayudaron a establecer el Consejo, la Iglesia Católica y una coalición de iglesias evangélicas, retiraron su membresía en 2010 y 2011 respectivamente, seguidas por una organización de la sociedad civil, conocida como FOPRIDEH, en 2012. Esto dañó mucho la credibilidad del Consejo entre la opinión pública. Según una encuesta de opinión pública de 2012, de la Universidad de Vanderbilt, citada por La Prensa, el Consejo se encuentra entre las organizaciones menos confiables de Honduras, junto a la policía y el Tribunal Superior de Cuentas. Por su parte, la Iglesia Evangélica y Católica son las instituciones más confiables del país.
La capacidad del Consejo para actuar como un organismo de control independiente de la corrupción del gobierno ha sido puesta en duda, ya que algunas de las coaliciones miembros han incluido instituciones del Estado. El Consejo también fue objeto de críticas después de que su ex líder, el pastor Oswaldo Canales, apoyara abiertamente el golpe de Estado de 2009, que derrocó al Presidente Manuel Zelaya.
En Honduras, por desgracia, no son sorprendentes las acusaciones de que el órgano encargado de destapar la corrupción está ignorando casos al nivel más alto. A fines del mes pasado, el Procurador General de la República y su asistente renunciaron tras acusaciones de irregularidades financieras en su oficina, siendo este un ejemplo de lo arraigada que está la corrupción en la sociedad hondureña. Los esfuerzos para reformar las fuerzas policiales ??-acusadas de muchos crímenes, incluyendo ejecuciones extrajudiciales- también han sido criticados por no avanzar.
El Índice de Percepción de la Corrupción más reciente de Transparencia Internacional, el cual mira la percepción de corrupción de un sector público, clasificó a Honduras en el puesto 133 de 176 países (siendo el 176 el más corrupto).