La ambigua información sobre la supuesta sobredosis con medicamentos de decenas de presos en una cárcel venezolana ha puesto de relieve la falta de transparencia del gobierno, y ha revelado una vez más las deficiencias del hacinado y violento sistema penitenciario del país.
Según los informes del gobierno, el 24 de noviembre reclusos en huelga de hambre por las condiciones en la cárcel de Uribana -en el estado de Lara, al noroeste de Venezuela- irrumpieron en las instalaciones médicas e ingirieron grandes cantidades de alcohol junto con diversos medicamentos, informó The Wall Street Journal.
Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones cuestionó la versión oficial sobre la forma en la que habrían muerto los reclusos. Algunos miembros de la familia de los fallecidos dijeron a la ONG que los internos fueron envenenados, informó Reuters.
El Observatorio Venezolano de Prisiones también confirmó el 1 de diciembre que el número de muertos debido a la huelga en la cárcel ahora había llegado a 41, informó El Nacional.
Con la cifra de muertos al alza -inicialmente las fuentes gubernamentales sólo informaron 13- Human Rights Watch ha pedido al gobierno de Venezuela que investigue la causa de las muertes de presos.
Análisis de InSight Crime
A pesar de las exigencias de grupos de monitoreo venezolanos e internacionales de realizar una investigación abierta e imparcial sobre la naturaleza de la muerte de los reclusos, es dudoso que el gobierno venezolano vaya a permitir que eso suceda. El partido socialista gobernante tiene la mala reputación de depender de la propaganda y la desinformación para mantener el apoyo del pueblo venezolano, y es probable que niegue el acceso a cualquier información que pueda implicar al Estado en las muertes de los prisioneros. Es entonces sorprendente que las autoridades al parecer hayan acordonado la prisión para los familiares.
La gran discrepancia entre la tasa oficial de homicidios del país y la de una ONG nacional también demuestra la politización de las poco favorecedoras estadísticas del crimen del gobierno.
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La muerte de más de 40 reclusos también pone de relieve la actual crisis en el sistema penitenciario de Venezuela, el cual es considerado como el más peligroso del mundo. Las cárceles son un caldo de cultivo para el crimen organizado, y durante años las autoridades han luchado por mantener el control de las instalaciones. El uso excesivo de la prisión preventiva en Venezuela -el tercero más alto de la región- facilita esta cultura de violencia en las cárceles, en la que la muerte de reclusos es muy común. La reciente fuga de 42 presos de un centro penitenciario en las afueras de Caracas consolida aún más la reputación de que las cárceles venezolanas se encuentran fuera del control del Estado.
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