La Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Colombia puso una vez más en el centro de atención las contradicciones en el cambiante discurso detrás de las políticas de drogas; por ejemplo, el hecho de que los llamados a despenalizar a los consumidores y productores de drogas entran en conflicto con los planes de incrementar las acciones de erradicación de cultivos.
La XXXII Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Cartagena, Colombia, comenzó con una fuerte denuncia del presidente colombiano Juan Manuel Santos sobre las fallas de las actuales políticas de drogas . En su discurso, Santos dijo que el objetivo de un mundo libre de drogas no es realista, y pidió un "cambio de enfoque" para enfrentar al narcotráfico. Dijo que esto debe ser el resultado de una "discusión rigurosa basada en evidencias y no en prejuicios [...] y, en especial, despojada de esas pretensiones políticas e ideológicas".
Santos agregó que los campesinos y los adictos a las drogas no deben ser tratados como narcotraficantes o como miembros de grupos del crimen organizado, y cuestionó que alguien pueda ir a la cárcel por cultivar marihuana, una práctica que ya es legal en muchos países y en varios estados de Estados Unidos.
Sin embargo, su intento de romper con el paradigma actual de la lucha contra las drogas se reflejó sólo parcialmente en los 103 acuerdos bilaterales y multilaterales a los que llegaron los delegados, procedentes de 109 países. Según Notimex, aunque algunas de las propuestas buscan hacer énfasis en la prevención, la drogadicción y el respeto a los derechos humanos, otras pretenden aumentar el uso de tecnología e inteligencia para penetrar las zonas de cultivos y mejorar los esfuerzos de interdicción.
El 3 de junio, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM por sus iniciales en inglés), el general John Kelly afirmó que Estados Unidos, con su "demanda insaciable por las drogas", es una parte importante del problema.
Análisis de InSight Crime
La retórica utilizada en la conferencia, que denuncia las fallas en la guerra contra las drogas y hace un llamado a dar un enfoque más humano a la problemática, refleja los cambiantes parámetros en el debate por el control de drogas en el continente.
Desde hace varios años se han venido presentado cada vez más llamados a tomar un camino diferente a la fuerte política prohibicionista consagrada en las convenciones de las Naciones Unidas sobre drogas (y tradicionalmente apoyada por Estados Unidos). Por otro lado, algunos gobiernos y grupos de derechos humanos en Latinoamérica han presionado para dar a la política de drogas un enfoque más preventivo y basado en la salud.
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Sin embargo, algunas de las propuestas presentadas demuestran las continuas contradicciones en las narrativas, en un momento en que la región se dirige hacia un nuevo paradigma. La más notoria proviene del contraste entre las declaraciones sobre los cultivos hechas por el presidente Santos —quien recientemente prohibió la fumigación aérea de los cultivos de coca con el herbicida glifosato en Colombia— y los planes de aumentar los esfuerzos para hacer frente a la producción de drogas desde la fuente —un negocio que ha logrado persistir a pesar de una política extremadamente costosa y con controvertidos resultados—.
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