La reunión entre los presidentes de Centroamérica y el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden para abordar la crisis de los "niños extranjeros no acompañados" (UAC, por sus siglas en inglés) de esa región, ha mostrado que ambas partes todavía se encuentran muy distantes en términos de prescripción de políticas y en cuanto a cómo financiar un plan que ayude a detener el flujo de migrantes hacia el norte.
El encuentro, patrocinado y organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC el 13 de noviembre, fue celebrado con todo el romance de un matrimonio arreglado.
Por un lado, Biden anunció que los niños de Centroamérica con padres que se encuentren legalmente en Estados Unidos podrían solicitar asilo -un proceso arduo y costoso, que requeriría de tanto tiempo que probablemente sólo unos pocos lo intentarían.
Por el otro lado, los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras, Otto Pérez Molina, de Guatemala y Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, llegaron al encuentro con un ambicioso plan, extenso en expresiones de moda, pero corto en detalles reales sobre cómo financiar lo que admiten deben ser soluciones de largo plazo.
El presidente Hernández dijo a Reuters en una entrevista que buscaba US$2 mil millones, al igual que Guatemala. Biden, por su parte, no prometió financiación adicional para ninguno de los programas.
Análisis de InSight Crime
Ya sea que para usted el fenómeno de los UAC se presente por presiones económicas, motivos familiares o por el intento de los niños de escapar de los países azotados por el crimen en los que viven, existen pocas razones para creer que la reunión haya abordado alguna de estas dinámicas.
Por citar sólo un ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un comunicado que el límite de niños y sus padres que podrá ser admitido bajo el programa anunciado por Biden será de 4.000 -en el año fiscal que termina el 30 de septiembre 2015. Sólo este año han sido detenidos más de 60.000 UAC en la frontera de Estados Unidos.
Por su parte, el plan de los presidentes de Centroamérica es exhaustivo, amplio y holístico. Sin embargo, no ofrece nuevos mecanismos de financiación. No habla de nuevos impuestos o de otras medidas drásticas para producir el tipo de cambios necesarios para detener el flujo migratorio. En lugar de ello, los presidentes recurren a Estados Unidos y a “la participación de otros países aliados, organismos multilaterales y socios de desarrollo de la región”.
"Es claro que los recursos necesarios para implementar las respuestas a los desafíos de desarrollo que se incorporan en el presente plan exceden la capacidad financiera de nuestros países, así como nuestra capacidad de endeudamiento", escribieron los gobiernos del Triángulo del Norte.
Como poniendo un signo de exclamación a su falta de dinero, ofrecen un presupuesto del plan, con donantes potenciales, y lo dejan completamente en blanco (vea abajo).
Es más, los presidentes del Triángulo del Norte parecen ajenos a la realidad política actual de Estados Unidos: el Congreso republicano que tomará riendas el año que viene está incluso menos inclinado a enviarles dinero que este Congreso saliente, el cual nunca autorizó nada a pesar de la avalancha de niños migrantes no acompañados.
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