Casi un centenar de miembros de la policía nacional de Perú están siendo investigados por su presunta participación en una serie de asesinatos extrajudiciales, lo cual es un ejemplo de los peligros de inculcar y recompensar la violencia en las fuerzas policiales.
El 31 de julio, el programa de noticias investigativas Cuarto Poder emitió una entrevista con una fuente anónima que acusó al comandante de la policía Enrique Prado Ravines de dirigir una serie de operaciones ilegales que terminaron con la vida de 20 personas entre 2011 y 2015.
Cuando Cuarto Poder le preguntó acerca de las acusaciones, Prado Ravines dijo que no tenía autorización para hablar sobre el asunto. Sin embargo, su abogado le dijo al programa de televisión: “Es absurdo, es falso, no es la verdad, no es cierto”.
Medios locales han informado que el Ministerio Público y el inspector general de la policía están investigando a 96 miembros de la institución —16 oficiales y 80 suboficiales— en relación con los presuntos crímenes. Los informes indican que se cree que Prado Ravines dirigió seis operaciones que resultaron en la muerte de 27 presuntos criminales.
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La fuente de Cuarto Poder dijo que los oficiales identificaban a las víctimas con base en pistas proporcionadas por informantes y que luego les tendían emboscadas y las ejecutaban, alterando las evidencias físicas y coordinando sus testimonios para que pareciera que las muertes habían sido justificadas.
Según los informes, los fondos para estas operaciones provenían del presupuesto de inteligencia policial. Quienes participaban en las ejecuciones eran presuntamente recompensados económicamente y con promociones en sus cargos.
En comentarios publicados por El Comercio, el ministro del Interior Carlos Basombrío expresó su sorpresa ante las revelaciones y se comprometió a conducir una investigación a fondo.
“Están matando delincuentes con el propósito de beneficiarse económicamente y profesionalmente, que no se confunda. La acusación es extremadamente seria”, dijo Basombrío. “Esto no se puede tomar a la ligera. La Policía merece respeto y se lo vamos a dar investigando las irregularidades graves denunciadas”.
Basombrío dijo que él había conformado una comisión especial de investigaciones que analizaría las denuncias. Indicó que este grupo entregaría un informe dentro de las próximas dos semanas.
Análisis de InSight Crime
Más que los presuntos asesinatos extrajudiciales, lo preocupante de este caso es la posibilidad de que los policías hayan sido recompensados por sus acciones con dinero y promociones profesionales. Esta es una muestra de un sistema que incentiva a la policía para matar a los criminales, en lugar de llevar a cabo detenciones y proteger a la ciudadanía en general. Por desgracia, este no sería un caso único en Latinoamérica.
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En El Salvador, por ejemplo, las autoridades se han acostumbrado a utilizar una retórica bélica en la instrucción impartida a las fuerzas de seguridad para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país. El año pasado, un jefe de la policía les dijo a sus oficiales que utilizaran sus armas “con toda confianza” cuando se enfrentaran a los criminales. Este tono combativo ha dado como resultado un gran número de enfrentamientos entre las pandillas y la policía, que han provocado la muerte de más de 300 presuntos pandilleros en este año solamente.
Por su parte, tropas del ejército colombiano fueron presuntamente elogiadas por su “buen trabajo” al abatir campesinos y cambiar sus vestimentas para hacerlos aparecer como guerrilleros. Entre 2002 y 2008, brigadas del ejército acabaron de esta manera con las vidas de unos 3.000 civiles, según un informe de Human Rights Watch de 2015; estos casos se llegaron a conocer como “falsos positivos”.
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