Una redada antinarcóticos a cargo de las fuerzas armadas de Chile mostró que los crecientes temores de la opinión pública sobre la agudización del narcotráfico están más que justificados.
El 22 de noviembre, en la región de Tarapacá, al norte del país, la Armada decomisó más de media tonelada de cocaína en un bote peruano que navegaba en aguas chilenas, en una operación catalogada como histórica por la institución.
El contraalmirante Alberto Soto, comandante de la Cuarta Zona Naval, confirmó que el valor comercial de la incautación “corresponde a casi 14 millones de dólares, o 10.640 millones de pesos chilenos, y representa la mayor incautación jamás efectuada por la Armada de Chile”.
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Aunque la cantidad parece poca comparada con lo que usualmente se incauta en el Pacífico Central, 523 kg es una cantidad significativa para el país austral, en donde el narcotráfico ha cobrado notoriedad, según un informe del Observatorio de Narcotráfico de la fiscalía de Chile publicado en mayo de este año.
Por su parte, Juan Pablo Toro, director ejecutivo del centro de pensamiento AthenaLab, presume que los grupos criminales están aprovechando la crisis económica debido a la pandemia para expandir y diversificar sus actividades. Para el experto, el aumento en las incautaciones puede significar un crecimiento del narcotráfico en Chile.
En entrevista con InSight Crime, Toro indicó que “durante la pandemia hubo un aumento de la presión sobre las rutas marítimas, algo que veíamos venir por la mayor presión sobre las fronteras”.
El país también ha sido testigo de decomisos notables procedentes de la vecina Bolivia. En octubre, dos hombres fueron aprehendidos luego de ingresar más de 300 kilos de narcóticos desde el otro lado de la frontera. Y en abril, la policía capturó un cargamento de más de 220 kilos de pasta de cocaína también procedente de Bolivia.
Análisis de InSight Crime
La histórica incautación de 523 kilos de cocaína se relaciona con los datos que arrojó un informe realizado por AthenaLab en junio de este año, que concluyó que el 79 por ciento de los chilenos consideran el narcotráfico como una amenaza “crucial o significativa para la seguridad nacional”, lo que, según Toro, “puede confirmar que esa percepción no sea errónea”.
Y esto se desprende de otras tendencias criminales en ascenso. Según Toro, la agudización del narcotráfico viene acompañada de un aumento en los índices de microtráfico y violencia. Esto incluye desafíos a las autoridades en medio de funerales para miembros de bandas e incluso ataques a estaciones de policía.
Un informe de la firma consultora Atisba también comparó datos de los barrios del país con los índices más altos de microtráfico y halló además un correspondiente incremento en la violencia.
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Debido al aumento de las actividades criminales relacionadas con el tráfico de drogas, el gobierno chileno promulgó el decreto 265 de 2019, que autoriza a las fuerzas armadas para presentar apoyo de transporte, vigilancia y comunicaciones de la policía en zonas fronterizas, especialmente en el norte, principal zona de ingreso de drogas. En ese momento, esto acrecienta la inquietud, por el alto costo que han pagado otros países latinoamericanos con la militarización de sus iniciativas antinarcóticos.
Aunque Chile no tiene las condiciones geográficas necesarias para ser un país productor de drogas, afirma Toro, “si no se toman acciones contundentes, el consumo interno seguirá creciendo, así como los intentos de ocupar nuestra infraestructura para reexportar droga a mercados globales y corromper gobiernos e instituciones locales”.
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