El gobierno colombiano expidió un nuevo decreto para facilitar la liberación de guerrilleros de las FARC encarcelados, eliminando un obstáculo en el proceso de amnistía que se había convertido en una de las más graves amenazas a corto plazo para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia.
El 19 de julio, según informó El Espectador, el Ministerio de Justicia de Colombia emitió el Decreto 1252, que establece el marco legal para suspender el proceso judicial y conceder amnistías e indultos a miles de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permanecen en prisión.
El decreto, que se establece como un complemento a la Ley de Amnistía del año pasado, asegura que la situación judicial de los miembros de las FARC que continúan encarcelados se debe resolver rápidamente, estipulando que todos los casos deben ser procesados dentro de los 10 días después de las reclamaciones, y estableciendo sanciones para los jueces que no lo hagan, según informó El Universal.
El nuevo decreto también busca desenredar las complicadas situaciones jurídicas de muchos miembros de las FARC. Establece que los miembros de las FARC condenados por ciertos delitos, algunos de los cuales no están incluidos en la amnistía, recibirán libertad condicional dado que ya han pasado por lo menos cinco años en prisión.
Como respuesta ante esta ley, el líder de las FARC Seusis Pausias Hernández, alias "Jesús Santrich", terminó la huelga de hambre que había comenzado hacía casi un mes debido a los largos retrasos en la liberación de miembros de las FARC encarcelados, informó El Espectador.
Análisis de InSight Crime
Resolver la situación jurídica de los miembros de las FARC que se encuentran presos se había convertido en un gran obstáculo para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, tanto así que incluso Naciones Unidas había increpado al gobierno colombiano por sus interminables retrasos en la liberación de los presos.
A principios de julio, más de seis meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía, sólo el 30 por ciento de los miembros de las FARC encarcelados habían sido liberados, según grupos de defensa de los derechos de los presos. Un informe de una coalición de este tipo de grupos señala que las FARC han reconocido 3.400 presos como miembros de sus filas, mientras que el gobierno ha certificado a 2.400 como militantes de las FARC. De los que fueron certificados, a 285 se les ha concedido la amnistía, a 254 se les otorgó libertad condicional y 283 fueron trasladados a los campamentos de desmovilización de las FARC.
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Los retrasos en la amnistía han sido una de las principales preocupaciones de las FARC durante el proceso de desmovilización, y han contribuido a la desconfianza en el gobierno y en su voluntad y capacidad para cumplir sus promesas.
Sin embargo, más de 7.000 miembros de las FARC ya se han beneficiado de la amnistía, y si a éstos se les suman sus compañeros encarcelados, con esto se eliminará una de las mayores fuentes de ansiedad y posible disidencia entre las filas de las FARC.
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