Nuevos decretos legislativos en Perú, enfocados en mejorar la habilidad del gobierno para combatir el crimen organizado, también han suscitado un debate sobre el balance entre la seguridad y el derecho a la privacidad.
El 27 de julio, el gobierno peruano emitió un decreto que permite a la policía obtener datos de los usuarios de teléfonos celulares de las empresas de telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial, informó El Peruano.
Según AP, el gobierno afirmó que la medida es vital para combatir los nocivos efectos del crimen organizado —como el tráfico de drogas, extorsión y sicariato— y ayudará a la policía a identificar, ubicar y capturar a los criminales.
Sin embargo, el acceso a los datos telefónicos sólo se permitirá en casos específicos: cuando el crimen esté siendo cometido, si la persona está siendo investigada por un crimen que implique una sentencia superior a cuatro años, o cuando sea necesario para investigaciones policiales.
A la policía se le pedirá que busque aprobación de un juez antes de utilizar los datos de teléfonos como evidencia en la corte. Las grabaciones telefónicas aún requerirán de una orden judicial.
Perú también aprobó un segundo decreto judicial que define formalmente el “asesinato por contrato” en el código penal del país. Los condenados por llevar a cabo asesinatos contratados recibirán ahora una sentencia de por lo menos 25 años, mientras que quienes sean encontrados culpables de utilizar a un menor de edad para realizar el crimen enfrentarán cadena perpetua.
Análisis de InSight Crime
El objetivo de los nuevos decretos legislativos de Perú es ayudar al gobierno a rastrear el crimen y proveer seguridad de forma efectiva. Sin embargo, estas leyes también generan nuevas preocupaciones.
La principal es el problema de vigilancia de los teléfonos celulares. De hecho, el decreto —que fue aprobado en un día festivo nacional sin pasar por debates en el Congreso, usando los recién adquiridos poderes especiales del presidente Ollanta Humala— ha generado críticas por parte de los defensores de las libertades civiles. Los críticos consideran que el decreto es una invasión inconstitucional de la privacidad, basándose en los debates que se han dado en Estados Unidos por la vasta cantidad de metadatos recolectados por las agencias gubernamentales.
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El posible abuso de estos sistemas de vigilancia es especialmente preocupante en países latinoamericanos como Perú, que tiene instituciones democráticas débiles y un imperio de la ley con flaquezas.
Esto aumenta la posibilidad de que la información recolectada por la policía sea desviada con fines políticos, y por tanto anule los beneficios positivos que esta medida le pueda generar al gobierno en su lucha contra el crimen organizado. En un conocido caso que se presentó anteriormente, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por abundantes vigilancias ilegales a reconocidos ciudadanos peruanos.
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