Una cadena de recientes denuncias de tráfico de drogas contra las principales figuras del partido político gobernante en Venezuela podría tener un serio impacto en las elecciones del país.
Según El Nuevo Herald, autoridades estadounidenses están investigando a Walter Jacobo Gavidia, juez del área metropolitana de Caracas e hijo de la primera dama venezolana Cilia Flores, por presunta participación en narcotráfico.
El informe hace un completo seguimiento de la detención de dos de los parientes del presidente de Venezuela Nicolas Maduro en Haití y su posterior extradición a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
Después de su arresto, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas hablaron extensamente con las autoridades, informó El Nuevo Herald, citando fuentes próximas al caso. Los dos hombres presuntamente dieron información sobre su red de narcotráfico, así como detalles sobre las operaciones de lavado de dinero del grupo. También supuestamente mencionaron al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y a Tarek El Aissami, gobernador del estado Aragua, como cómplices, indicaron las fuentes.
Los investigadores estadounidenses sospechan que Cabello y El Aissami son los principales actores en el narcotráfico venezolano, agregó El Nuevo Herald.
Cabello fue acusado recientemente de blanqueo de capitales, ante la Organización de Estados Americanos, por el exembajador de Panamá Guillermo Cochez, quien fue citado para presentar una denuncia penal en la Procuraduría de Panamá el 18 de noviembre, informó EFE.
Según fuentes de El Nuevo Herald, los investigadores estadounidenses tienen acusaciones confidenciales contra otros venezolanos, pero todavía no han divulgado los nombres.
Análisis de InSight Crime
Las denuncias de narcotráfico contra personas cercanas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como contra otros miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), actualmente en el poder, se producen poco antes de las elecciones parlamentarias de Venezuela el próximo 6 de diciembre. Se prevé que al PSUV no le irá muy bien, y en efecto una reciente encuesta muestra que el 63 por ciento de los votantes apoyan a la oposición y sólo el 32 por ciento al PSUV.
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Las denuncias contra altos funcionarios del PSUV y sus socios podrían acrecentar estas diferencias. Las encuestas sugieren que un creciente porcentaje de venezolanos creen que las instituciones de gobierno están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. Las continuas indicaciones de corrupción oficial pueden promover la frustración popular sobre temas económicos y el crimen desenfrenado en el país, haciendo que los votantes se inclinen contra el partido de Maduro el día de las elecciones.
Una derrota en las urnas sería una gran preocupación para los funcionarios del PSUV implicados en actividades criminales, especialmente si Estados Unidos posee acusaciones confidenciales, lo cual podría abrir la posibilidad de que otras personas corran el mismo destino de Flores de Campo y Flores de Freitas. Además, estos dos hombres podrían enfrentar hasta 30 años de prisión y se pueden sentir presionados para proporcionar nombres y otra información valiosa para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) como una manera de buscar reducción de penas.
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