La provincia de Buenos Aires registró más de mil denuncias de actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad en 2014, lo cual sugiere que los abusos policiales —en parte fomentados por la impunidad— son un problema generalizado en esta región de Argentina.
La Nación informó que entre marzo y diciembre de 2014, la Defensoría General de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires registró mil denuncias de casos de tortura cometidos por la policía y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, lo cual equivale a un caso cada ocho horas.
Según el informe emitido por la Defensoría General, las denuncias van desde golpizas con objetos contundentes hasta ataques con cuchillos, el robo de pertenencias, abusos sexuales y torturas con picanas eléctricas. Una de las víctimas mencionó en la denuncia que había sido torturada por la policía en tres ocasiones diferentes, que fue víctima de palizas y amenazas y que en una ocasión le pusieron sal en una herida.
Debido al temor a las represalias, casi la mitad de las presuntas víctimas sólo informaron de los casos de tortura a sus abogados defensores, informó La Nación. La auditora general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo a La Nación que en 2014 la entidad comenzó 239 investigaciones administrativas, despidió a 15 empleados y suspendió a otros 77.
Análisis de InSight Crime
La gran cantidad de torturas denunciadas —junto con cargos previos en contra de la policía de la provincia de Buenos Aires— sugiere que estos incidentes reflejan un problema institucional mucho mayor.
En una investigación periodística realizada en 2014 se descubrió que las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires acabaron con la vida de por lo menos 107 personas en 2012, y que otros casos de uso excesivo de la fuerza, como la tortura, eran comunes. Los investigadores concluyeron que las fuerzas policiales “eran prácticamente una mafia” y que incluso en algunas ocasiones facilitaban robos. Estos hallazgos son respaldados por el hecho de que en los últimos años se ha destituido a miles de funcionarios corruptos de la policía de la provincia.
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Los datos suministrados por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dan a entender que los abusos han sido facilitados al menos parcialmente por una cultura de impunidad en las fuerzas de seguridad. La cantidad de agentes despedidos, suspendidos o investigados en 2014 se queda corta si se compara con los casos de tortura reportados. Adicionalmente, según la Defensoría General, la mitad de las víctimas aseguró tener miedo a denunciar los abusos, otra prueba de que la percepción de impunidad policial es un fenómeno generalizado.
Las denuncias de tortura también recuerdan el fantasma de los abusos cometidos durante la dictadura militar, lo cual también puede contribuir al temor a denunciar los crímenes. Entre 1976 y 1983, miles de presuntos disidentes políticos fueron secuestrados, torturados y asesinados por las fuerzas de seguridad de Argentina.
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