Desarticulación de cartel no detendrá robo de combustible en México

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En México, las autoridades han desarticulado el cartel de Santa Rosa de Lima, al que se presenta como la principal banda de robo de combustible del país. Esta enorme economía criminal, sin embargo, no desaparecerá atribuyendo toda la culpa a un solo grupo criminal.

Desde marzo de 2019, la unidad de inteligencia financiera de México congeló 35 millones de pesos mexicanos (US$1,8 millones) en cuentas bancarias asociadas al cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), y a su jefe, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Además, la policía del central estado de Guanajuato, donde opera el CSRL, arrestó o abatió a 62 sospechosos de colaborar con el cartel, y confiscó 14 propiedades, 129 vehículos y una gran variedad de armas, según Milenio.

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La persecución del CSRL ha sido una estrategia clave en la guerra contra el huachicoleo -robo de combustible-, que fue declarada prioridad de seguridad nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su toma de posesión en diciembre de 2018.

El robo de combustible le ha costado miles de millones de dólares a la economía mexicana, según Reuters. Guanajuato es un punto crítico para esta lucrativa economía criminal, y la predominancia del CRSL en el robo de combustible en ese estado llevó a este grupo a posicionarse como un importante actor criminal desde sus inicios en 2017.

Análisis de InSight Crime

Aunque el líder del CSRL, Yépez Ortiz, sigue prófugo, el desmantelamiento del cartel es una hazaña para AMLO. Representa una victoria tangible en su lucha contra los ladrones de combustible, conocidos como “huachicoleros”, y muestra su capacidad de enfrentar a los grupos criminales que lo desafíen. Sin embargo, es poco probable que esto tenga un impacto real en el problema global del robo de combustible.

En primer lugar, las operaciones del CRSL se restringen a Guanajuato, mientras que el huachicoleo es un problema de todo el territorio mexicano. Durante el primer semestre de 2019, como lo muestran datos de Pemex, en Guanajuato se contaron 629 puntos de extracción ilegal, lo que lo pone en el quinto lugar entre los estados mexicanos. El estado que encabeza el problema, Hidalgo, registró 2.170 puntos de extracción. La baja cifra de Guanajuato puede reflejar la persecución de las autoridades contra el CSRL, pero el estado se inserta en un mapa mucho más amplio.

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En segundo lugar, la cantidad de combustible robado en todo el país se ha desplomado ante la ofensiva de AMLO, pero el número de extracciones ilegales registró un leve aumento. Es inevitable que cuando las autoridades atacan una zona, resurjan puntos de extracción en una ciudad cercana o un estado vecino. Por ejemplo, a comienzos de 2019 las extracciones ilegales de combustible bajaron 17 por ciento en Guanajuato debido a los operativos policiales. Pero el número de puntos de extracción ilegal en el vecino Hidalgo, donde también ha operado el CSRL, presentó un incremento de 182 por ciento.

Tercero, el golpe al CRSL representa una oportunidad para otros grupos criminales. El cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también tiene fuerte presencia en Guanajuato, y es mucho más sofisticado y peligroso que el CRSL, el cual surgió como defensa contra las incursiones del cartel de Jalisco en el estado. El CJNG está en buena posición para aprovechar la desaparición del CRSL en sus esfuerzos por controlar la economía del huachicoleo.

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