Nuevos intentos de introducción de contrabando en el mayor complejo penitenciario de Panamá cuestiona los reclamos del gobierno sobre el éxito de las recientes reformas para reforzar la seguridad en las prisiones del país, y devela la diversidad y la persistencia de las tácticas de contrabando en las cárceles.
El 12 de noviembre, por lo menos dos drones dejaron caer varios paquetes en los centros penitenciarios conectados de La Joya y La Nueva Joya, como resultado de lo cual los guardias decomisaron seis que contenían, entre otras cosas, marihuana y un teléfono móvil. El 15 de noviembre, otro dron arrojó partes de un revólver y ocho paquetes con narcóticos en la tercera prisión del complejo, La Joyita. El 22 de noviembre, un dron más lanzó dos paquetes de “crispi” —mezcla de hojas de coca y marihuana muy difundida en Panamá— hacia La Joya.
Estos sofisticados intentos ocurrieron a la par de ardides más básicos, como los ocho maletines con contrabando que se hallaron ocultos en las afueras de un pabellón el 16 de noviembre, los cinco paquetes con revólveres y narcóticos que arrojaron por encima del muro de la prisión el 19 de noviembre y los cuatro teléfonos móviles incautados a visitantes que intentaron introducirlos de manera ilícita el 22 de noviembre.
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Estos seis intentos en 10 días terminaron en decomisos, pero no se sabe con certeza si logró colarse algún paquete. El complejo penitenciario de La Joya tiene mala reputación por la masacre ocurrida en diciembre de 2019, cuando una facción de una pandilla atacó a otra usando rifles de asalto y pistolas sofisticadas, lo que dejó un saldo de 15 muertos y 11 heridos.
La investigación que siguió en enero de 2020 a cargo de los entonces ministros de seguridad, Rolando Mirones, y de gobierno, Carlos Romero, concluyó que aunque el complejo penitenciario adolecía de grandes vulnerabilidades, el presupuestos para 2020-2021 era “suficiente y[que eran] inminentes necesarias mejoras”. Ambos ministros renunciaron un mes después luego de que un preso peligroso volviera a escapar de la instalación.
Desde entonces, La Joya no solo ha seguido acosada por tentativas de fuga y contrabando de armas, drogas y cigarrillos, sino que la violencia tampoco ha parado. En marzo, se conoció un video que mostraba a los presos buscando refugio durante un tiroteo que según los funcionarios de la prisión fue causado por peleas entre bandas rivales. En abril, otro intercambio de disparos dejó dos heridos, según información de Panamá América.
Análisis de InSight Crime
La introducción de contrabando es una realidad ineludible en la mayoría de prisiones centroamericanas, pero la concentración e innovación que se han visto recientemente son una vergüenza para las autoridades panameñas en un momento en que el gobierno afirma que la seguridad en las prisiones es más estricta que nunca.
La última vez que se había informado del uso de drones para introducir artículos prohibidos a La Joya fue en septiembre de 2019, en lo que parece haber sido el primer avistamiento por parte de los administradores de la prisión panameña. Los tres casos de drones recientes seguramente no serán los últimos, sin embargo, dado que su asimetría táctica los hace cada vez más popular entre los grupos criminales.
Los casos también reflejan la creciente brecha tecnológica entre contrabandistas y autoridades en el sistema penitenciario La Joya, el cual a pesar de que alberga a más del 60 por ciento de la población carcelaria de Panamá tiene pocos detectores de metal y escáneres, así como sistemas de bloqueo de señales poco consistentes. Dicho esto, las técnicas estándares de los contrabandistas siguen siendo efectivas dada la carencia de mecanismos básicos de protección en la prisión, como torres de vigilancia, luces o cámaras de seguridad, mientras que las vías de acceso en malas condiciones hacen más lentas las patrullas afuera de los muros.
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Tampoco se registra regularmente a los empleados de la prisión, aunque eso está cambiando gradualmente para combatir la corrupción que se observa en otras prisiones panameñas. El personal de guardia tiende a ser escaso y por lo mismo hay sobrecarga laboral: solo 800 guardias atienden el sobrepoblado sistema penitenciario en el país, de cerca de 18.000 internos. Por esa razón, no hay presencia permanente de guardias en el complejo de La Joya y los reclusos se mueven libremente, sin supervisión la mayoría del tiempo.
Todo esto facilita la violencia en el sistema por enfrentamientos internos y externos de las dos mayores federaciones criminales del país, Bagdad y Calor Calor, como la masacre ocurrida en 2019 entre dos facciones de Bagdad. Esta matanza fue precedida no solo por la construcción de compartimientos con armas pequeñas, sino también por la construcción de dos cavidades en concreto para guardar AK-47.
Adicionalmente, la falta de seguridad de los internos, sin hablar de la oportunidad de rehabilitación, puede exacerbar el entorno criminógeno que obliga a los presos a unirse a las bandas durante su reclusión. Esto a su vez perpetúa el contrabando, pues las autoridades denuncian que los contrabandistas suelen ser antiguos presos de La Joya que, al ser liberados, se convierten en proveedores de contrabando para sus antiguos compañeros de celda.
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