Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó una demanda presentada por las familias colombianas contra la gigante bananera Chiquita por supuestamente colaborar con grupos paramilitares, asestando un duro golpe a los intentos de las víctimas del conflicto de Colombia por responsabilizar a las compañías por sus vínculos con grupos armados ilegales.
En una decisión de 2 a 1, el 24 de julio, un tribunal de apelaciones de Miami dictaminó que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para ocuparse del caso, ya que las actividades en cuestión ocurrieron fuera del país, informó la BBC. La decisión se basó en una sentencia de la Corte Suprema que limitó los intentos de extranjeros de recurrir a los tribunales estadounidenses para reclamar una compensación a las corporaciones.
La demanda masiva de 2011 incluyó unos 4.000 reclamos de los familiares de las víctimas de que la subsidiaria de Chiquita, Banadex, había financiado a los paramilitares de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) que operaban en el noroeste de Colombia, y que fueron responsables de muertes y desapariciones de sus seres queridos.
En 2007, el productor de banano de Estados Unidos admitió haber pagado US$1,7 millones a las AUC entre 1997 y 2004, y fue multado con US$25 millones. Sin embargo, la empresa alegó que sólo pagó el dinero por extorsión y que no recibió beneficios del intercambio.
Chiquita ha negado cualquier responsabilidad, argumentando que las demandas no lograron establecer conexiones directas entre la empresa y la violencia perpetrada por los paramilitares.
Análisis de InSight Crime
El gran número de demandantes y la fuerte cobertura de prensa internacional del caso Chiquita le han dado una importancia simbólica al proceso de buscar la reparación de las víctimas del conflicto colombiano. La decisión de Estados Unidos no sólo es una gran decepción para las miles de víctimas que vieron en el caso una oportunidad para ganar reconocimiento y compensación por parte de la compañía, sino que también establece un precedente para otros casos en los que las empresas presuntamente actuaron en connivencia con los grupos armados ilegales.
A pesar de los intentos de Chiquita para distanciarse de las actividades de las AUC, la evidencia apunta a lo contrario. En 2011, documentos internos de la compañía revelaron intentos por disfrazar los pagos, e indicaban que Chiquita recibió seguridad en sus plantaciones a cambio de los pagos. Testimonios recogidos para el pleito contra la compañía afirman que esta "seguridad" incluyó el hecho de que gerentes locales proporcionaban listas de muerte a los paramilitares de los sindicalistas problemáticos. Mientras tanto, unas facturas de 2001 revelaron que Chiquita recibió un cargamento de 3.000 rifles de asalto AK-47, supuestamente para las AUC.
VEA TAMBIÉN: Perfil de las AUC
Los resultados del caso ponen de manifiesto la impunidad de la que gozaron las empresas extranjeras que operaron en Colombia. A pesar de los procesos en su contra, Chiquita ha seguido haciendo negocios por debajo de cuerda en Colombia, primero a través de Banacol -que hasta hace poco fue el mayor proveedor de Chiquita- y ahora a través de Fyffes, que se fusionó con Chiquita este año y opera en Colombia. Varias otras empresas acusadas de vínculos con los paramilitares -incluyendo el gigante de carbón Drummond, Coca Cola y Nestlé- siguen haciendo negocios en Colombia.
SUSCRIBIRME