El congreso colombiano ha fijado las condiciones para las “zonas de concentración”, en las que se desmovilizarán los guerrilleros de las FARC en el evento de un acuerdo de paz. Estas incluyen planes para separar a los insurgentes de sus principales intereses criminales que pudieran tener graves repercusiones en la criminalidad en el país.
El Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron reformas a la Ley de Orden Público que conceden al presidente Juan Manuel Santos la facultad de crear áreas en las que los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se concentren para entregar las armas e iniciar su reintegración a la vida civil después de la firma de un acuerdo de paz definitivo.
El acuerdo define siete criterios que deben cumplir dichas zonas, informó El Espectador. Estos incluyen condiciones amplias en relación con el tamaño y el número de zonas y cómo se llevará a cabo la supervisión de la dejación de las armas. Los criterios también incluyen disposiciones más específicas, como que no haya cultivos de coca o actividades de minería ilegal o que no sean áreas fronterizas.
El acuerdo se fijó entre el bloque del Congreso afín al gobierno y el principal bloque opositor, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, quien dirigió las negociaciones, pese a ser la voz más fuerte contra el proceso de paz en Colombia.
"Para nosotros, el afán no es la firma del proceso [de paz], sino que se acabe el delito [de las FARC]", puntualizó Uribe.
Pese al progreso en el desarme, el presidente Santos se refirió a las crecientes dudas de la firma de un acuerdo el 23 de marzo, fecha fijada en octubre pasado, cuando dijo que si no hay acuerdo para esa fecha, los negociadores simplemente la correrán, según El Colombiano.
Las FARC llevan negociaciones formales de paz con el gobierno desde noviembre de 2012.
Análisis de InSight Crime
La decisión de garantizar zonas de concentración para una desmovilización de las FARC, distantes de las actividades al margen de la ley con las que se financian los insurgentes puede estar motivada por varios factores. El gobierno intenta garantizar una ruptura rápida y total entre las FARC y sus fuentes de ingresos criminales primarias, a la vez que también trae a bordo a la oposición liderada por Álvaro Uribe, quien durante mucho tiempo ha proclamado que su prioridad es dar fin a cualquier participación de las FARC en actividades criminales.
Sin embargo, esto significará que las unidades locales de las FARC se verán enfrentadas a una elección dura y repentina: abandonar sus lucrativos intereses criminales y ceñirse al proceso de paz o negarse a concentrarse en las zonas y continuar sus actividades criminales, bien sea como revolucionarios disidentes o como simples grupos criminales.
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Además, hay la posibilidad de que algunas unidades o miembros de las FARC regresen más adelante a sus intereses con la coca o la minería cuando se desilusionen del proceso, lo que en sí puede ser problemático. Es poco probable que el proceso de desmovilización sea rápido, de modo que dará la oportunidad a otros grupos armados, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los paramilitares criminalizados de los Urabeños de desplazarse a los territorios dejados libres por las FARC. En este caso, las unidades de las FARC que quieran reclamar sus intereses probablemente se enfrentarían a dos opciones: o unirse a los grupos rivales o tratar de combatirlos.
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