La lucha entre grupos criminales en Colombia desplazó más de 1.000 personas en apenas cuatro días, una señal de un nuevo tipo de desplazamiento asociado al conflicto, tras la desmovilización del mayor grupo guerrillero del país.
Entre el 17 y el 20 de enero, fueron desplazadas casi 300 familias que comprenden más de 1.000 personas por enfrentamientos entre grupos criminales en diferentes departamentos de Colombia, de importancia estratégica para lucrativas actividades criminales, según un comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo en Colombia.
El 17 de enero, los choques armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desplazaron a 172 personas del municipio de Magüí Payán, en el departamento de Nariño, al sureste del país, principal centro de producción de coca.
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Al día siguiente, 375 personas se vieron obligadas a huir de la población de San José de Uré, departamento de Córdoba al norte del país, por amenazas de un grupo criminal identificado como los “Caparrapos”. Según el boletín de prensa, los Caparrapos están enfrentados a los Urabeños, el grupo criminal más poderoso de Colombia, posiblemente por el control de cultivos de coca y narcotráfico en la región.
El desplazamiento más numeroso ocurrió el 19 de enero, cuando más de 500 personas huyeron de las poblaciones de Cáceres y Caucasia, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país, luego de recibir amenazas de un grupo armado que presuntamente opera en la zona. Otras 350 familias se encuentran en riesgo de desplazamiento del lugar, alertó el comunicado.
Tres familias más fueron desplazadas el 20 de enero del pueblo de Paya, en el departamento de Boyacá, centro del país, por combates entre las fuerzas armadas de Colombia y el ELN.
La violencia atribuida al ELN se ha difundido por todo el país luego de que terminara un cese temporal al fuego entre el grupo guerrillero y el gobierno.
Análisis de InSight Crime
La reciente ola de desplazamientos producto del conflicto en toda Colombia ilustra cómo la desmovilización de las FARC ha cambiado la dinámica de violencia que impulsa el desplazamiento en el país suramericano.
Por tradición Colombia ha presentado una de las cifras más altas de desplazamiento interno de población debido al conflicto y al crimen organizado, y recientemente se identificó al país como poseedor del segundo mayor número de ciudadanos afectados por el desplazamiento interno en el mundo. Esta clasificación se ha atribuido principalmente a la guerra civil, que se extiende a varias décadas, entre las FARC y el gobierno colombiano.
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Pero tras el histórico acuerdo de paz firmado por las FARC y el gobierno en 2016, el cual marcó el fin oficial del conflicto, los desplazamientos masivos en realidad aumentaron, empeorados por una competencia violenta por el control de las economías criminales dejadas con la desmovilización de las FARC, al alcance de cualquiera.
Los combates recientes son un ejemplo de esa dinámica. Por ejemplo, los combatientes del ELN y los disidentes de las FARC enfrentados en Magüí Payán compiten por el control de rutas de narcotráfico importantes en dirección a Centroamérica por la vía de Ecuador. En el municipio de San José de Uré, en Córdoba, los grupos criminales también están luchando por el control de aspectos claves del negocio de la droga.
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