Despido de jefe de policía de México, rara decisión frente a uso excesivo de fuerza

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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha destituido al jefe de la Policía Federal del país, a raíz de un incriminatorio informe del principal organismo de derechos humanos del país, que descubrió que la institución fue responsable por la ejecución extrajudicial de al menos 22 personas.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el 29 de agosto que Enrique Galindo ha sido destituido de su cargo como comisionado de la Policía Federal de México, informó el New York Times. De acuerdo con El Universal, el secretario de Gobernación dijo que Galindo fue despedido con el fin de facilitar la transparente investigación de “hechos recientes”.

Aunque Osorio Chong no especificó a cuáles “eventos recientes” se refería, la decisión de despedir a Galindo se presenta poco después de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que se hace alusión a la “ejecución arbitraria” de al menos 22 personas por parte de agentes de la Policía Federal durante un enfrentamiento armado en mayo de 2015.

Galindo y otros altos funcionarios de seguridad han señalado que el uso de la fuerza por parte de los oficiales se justificó porque habían sido atacados por los miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La investigación de la comisión de derechos humanos, sin embargo, permitió descubrir que los funcionarios habían alterado las evidencias en la escena del tiroteo y que muchas de las víctimas habían recibido disparos por detrás o desde poca distancia.

Osorio Chong anunció que Manelich Castilla Craviotto, quien actualmente se desempeña como director de la División de Gendarmería de la Policía Federal, remplazará a Galindo como comisario.

Análisis de InSight Crime

La destitución de Galindo es una decisión diferente a la de casos anteriores en los que las autoridades mexicanas no han podido continuar las investigaciones de la CNDH sobre violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. En octubre de 2014, por ejemplo, la CNDH concluyó que el ejército había asesinado sumariamente a por lo menos 15 personas en una bodega en junio de ese año. Pero en el mes de marzo de este año, un tribunal militar absolvió a todos los soldados presuntamente involucrados, con excepción de uno de ellos. Así mismo, otra investigación de la CNDH sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la policía federales y militares en enero de 2015 todavía debe dictar sentencia.

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Sin embargo, la destitución de Galindo es sólo el primer paso, y no se sabe con certeza si esta medida conducirá a detenciones o a una investigación profunda sobre posibles acciones criminales. La CNDH puede hacerle recomendaciones al gobierno, pero su misión se limita a investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos. Y la Procuraduría General de la República ha tenido resultados diversos en lo que se refiere al enjuiciamiento de casos de violaciones a los derechos por parte de las fuerzas de seguridad.

Por lo tanto, sería prematuro considerar que la destitución de Galindo sea una señal de que las autoridades mexicanas se están enfocando en la impunidad generalizada, cuando están protegiendo a los oficiales de la policía y el ejército de los enjuiciamientos en los casos de uso excesivo de la fuerza.

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