Como si se tratara de un secuestro, funcionarios de la policía política de Venezuela detuvieron y liberaron, una hora después, al nuevo presidente del Parlamento, en un procedimiento que evidenció posibles contradicciones en el interior de este cuerpo policial, conocido por sus violaciones de derechos humanos y su participación en actividades criminales.
El pasado domingo 13 de enero, el vehículo en que se desplazaba el recién designado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la autopista Caracas-La Guaira, que comunica a la capital con el estado Vargas.
En un confuso procedimiento, que quedó registrado por un video aficionado, se muestra como el presidente del Parlamento, un joven dirigente del partido Voluntad Popular, es sacado de su vehículo por la fuerza, sometido y obligado, luego de un forcejeo, a subir al vehículo policial y ser esposado.
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Inmediatamente hubo reacciones de repudio al confuso incidente, dentro y fuera de Venezuela, mientras que el gobierno emitió un comunicado, en el cual se señala que la detención de Guaidó habría sido practicada por funcionarios de la policía de inteligencia política que actuaron de forma unilateral. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, aseguró que los responsables serían sancionados y agregó que el hecho fue convertido en un “falso positivo (por la oposición)... para abonar la campaña de agresión contra el legítimo, constitucional y democrático gobierno de Venezuela”.
El incidente se registró luego de que Nicolás Maduro fuera considerado un usurpador de la presidencia de Venezuela desde el pasado 10 de enero, al ser desconocida la legitimidad de su elección por organismos internacionales y distintos países. Esta situación colocó a Guaidó al frente del único Poder reconocido en el exterior y lo hizo un blanco atractivo del Sebin y las distintas tribus que controlan esta policía.
Análisis de InSight Crime
El Sebin ha sido un brazo ejecutor de la política de persecución contra los opositores del régimen de Maduro en Venezuela. Las aprehensiones se han hecho a través de operaciones tipo comando, como ocurrió con Guaidó, las cuales han sido calificadas por organizaciones nacionales e internacionales como detenciones arbitrarias, y están acompañadas por tratos crueles, torturas y una serie de abusos.
Las sedes de la policía política venezolana son centros de detención de presos políticos y las denuncias de aplicación de torturas han sido ampliamente documentadas. El 8 de octubre de 2018, en un hecho aún no aclarado, murió el concejal opositor Fernando Albán, quien se encontraba bajo custodia del Sebin. La versión oficial asegura que fue suicidio, pero desde distintos sectores se habla de un posible asesinato, lo que no es descartable considerando los múltiples señalamientos sobre las prácticas del Sebin y el trato a los detenidos.
A estas prácticas se suman innumerables denuncias de extorsiones y secuestros cometidos por funcionarios del Sebin, utilizando incluso las instalaciones oficiales como centro de operaciones criminales.
Por otra parte, en conexión con el escenario de tensión que se vive en Venezuela también se ha planteado la hipótesis de que la detención e inmediata liberación de Guaidó sea el resultado da una lucha de fuerzas opuestas en el interior de la policía política, que sería un reflejo de lo que ocurre dentro del chavismo. Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, al cual pertenece Guaidó, destacó, a través de un audio que lo ocurrido con el presidente del parlamento revela el “quiebre interno y mucha fragilidad en la cadena de mando” en el Sebin, así como en los cuerpos policiales y militares
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El propio Guaidó asomó esta tesis en una declaración reciente, donde afirmó: “No hay cadena de mando en los cuerpos de seguridad”. Pero más allá de quién está detrás de la detención ilegal de Guaidó, parece haber la intención de amedrentar, con un cuerpo policial caracterizado por sus acciones criminales, al joven parlamentario que se ha convertido en una piedra en el zapato para el corrupto régimen de Nicolás Maduro.
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