Estados Unidos reiteró su desaprobación por la militarización de la seguridad ciudadana en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, posición un tanto problemática dados los índices de violencia críticos y la debilidad de las instituciones de orden público de la región.
El 3 de mayo, el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden se reunió con los presidentes Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Jimmy Morales, de Guatemala, y Juan Orlando Hernández, de Honduras —los tres países que conforman el “Triángulo Norte” de Centroamérica— para discutir las iniciativas de seguridad y económicas en la región.
Según un comunicado de la Casa Blanca, la discusión se centró en el progreso del país en los puntos de referencia establecidos en el paquete de ayudas de Estados Unidos por US$750 millones que se aprobó en diciembre de 2015 para la región: el Plan para la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte.
Si bien reconocen que se han hecho ciertos avances en los tres países, Biden hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la economía, profesionalizar la policía y reducir el rol del ejército en la vigilancia interna, entre otros.
Análisis de InSight Crime
Los países del Triángulo Norte, con unas de las tasas de homicidios más elevadas en países sin guerra declarada, dependen fuertemente de las fuerzas armadas para su seguridad interna. Esta militarización de la seguridad interna, sin embargo, plantea un dilema tanto para la política exterior estadounidense y las políticas internas de los países que conforman el Triángulo Norte.
Hasta 75 por ciento del dinero incluido en la Alianza para la Prosperidad tienen como precondición que los gobiernos del Triángulo Norte “den pasos efectivos” para resolver ciertos problemas, entre ellos la militarización de la policía. Es decir, los dineros se retendrán si los tres países no trabajan para “crear una fuerza policial civil profesional y responsable y restringir el rol del ejército en la vigilancia interna”.
Pese a esto, la participación militar en la seguridad pública en Guatemala, El Salvador y Honduras puede ser inevitable pues la capacidad policial es deficiente y ha demostrado ser inadecuada para contener la actividad criminal incontrolada.
Por ejemplo, la fuerza de policía de Honduras es notoriamente corrupta y resistente a la reforma. Recientemente se excluyó a la Policía Nacional de la participación en una iniciativa de seguridad contra la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) llamada “Operación Avalancha”, por falta de confianza y de experiencia. Más aún, una comisión nombrada para depurar la policía ha recibido amenazas de muerte de un grupo anónimo.
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Sin embargo, como se observó en México, el empleo del ejército para ofrecer seguridad ciudadana aumenta el riesgo de uso excesivo de fuerza y abusos contra los derechos humanos de la población. Tampoco hay razón para creer que, con una exposición suficiente, los soldados sean menos vulnerables que la policía a la corrupción y a la participación en actividades criminales.
De hecho, la congresista estadounidense Norma J. Torres (D-CA) afirmó a InSight Crime que la militarización de la fuerza pública en Centroamérica “es solo una vendita que elude problemas más amplios y en algunos casos empeora el problema”. Para lograr una seguridad duradera, dijo Torres, "Tenemos que ir más allá de un enfoque único en el orden público" y afrontar las causas del crimen, fortaleciendo las instituciones, el estado de derecho y ampliando las oportunidades económicas.
Desafortunadamente, la realidad en Centroamérica parece determinar una participación mayor de los militares en la seguridad interna en el futuro previsible. Aunque Estados Unidos va en la dirección correcta en su preocupación por esta situación, es probable que los funcionarios estadounidenses tengan que dar una interpretación amplia a si los países del Triángulo Norte están dando o no pasos efectivos para restringir el rol del ejército en el orden público. La alternativa es retener la ayuda que tanto necesita la región.
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