Tres directivos de la petrolera estatal venezolana admitieron su culpabilidad en Estados Unidos por su participación en un plan de sobornos del que se dice costó cerca de US$1 millones, lo que subraya el alcance de la corrupción en Venezuela y la incapacidad de las autoridades para enfrentarla.
Documentos judiciales hechos públicos el 22 de marzo describen en detalle un esquema en el que dos empresarios pagaron a tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) para garantizar que sus empresas "fueran incluidas en las planillas de licitación de PDVSA, lo que permitiría a las empresas obtener lucrativos contratos energéticos", según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). El New York Times informó que el plan equivalía a US$1 mil millones.
Los documentos se hicieron públicos después de que el residente de Florida Abraham José Shiera Bastidas se declarara culpable de tres cargos, entre ellos la contravención de la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los tres exdirectivos de PDVSA, José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas y Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, se declararon culpables en diciembre de 2015 de conspiración para el lavado de dinero.
En sus declaraciones, los exdirectivos de PDVSA testificaron que Shiera Bastidas y su homólogo Roberto Enrique Rincón Fernández, de Texas, les ofrecieron sobornos y otros favores. Los documentos muestran que Shiera y Rincón también ayudaron a los funcionarios de PDVSA a lavar el dinero. Por lo menos uno de esos funcionarios tenía dinero depositado en una cuenta en Panamá.
Según el Departamento de Justicia, las acusaciones contra Rincón Fernández siguen pendientes.
El gobierno suizo también aceptó ayudar al gobierno de Estados Unidos en su investigación. En un declaración, la Oficina Federal de Justicia de Suiza dijo que daría información a las autoridades estadounidenses de por lo menos 18 bancos que hicieron negocios con PDVSA, informó Reuters.
Análisis de InSight Crime
El esquema de coimas y sobornos arroja más luz sobre la corrupción en PDVSA. En marzo pasado, la Red de Control y Vigilancia de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) acusó a los funcionarios de PDVSA del lavado de US$2 mil millones por medio de la Banca Privada de Andorra (BPA). Un político opositor había afirmado hace poco que la corrupción en la petrolera estatal le ha costado US $10 mil millones al pueblo venezolano.
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Pese a las sospechas de corrupción generalizada en PDVSA, pocos funcionarios han sido inculpados o investigados por las autoridades venezolanas. La inacción de Venezuela contrasta de manera notoria con el vigor de las investigaciones sobre corrupción en la gigante petrolera brasileña Petrobras.
Las investigaciones, conocidas como "Operación Lavado de Autos" han implicado a numerosas élites políticas y a directivos de Petrobras, entre ellos el empresario multimillonario Marcelo Odebrecht, quien a comienzos de este mes fue sentenciado a 19 años de cárcel. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue detenido recientemente, y la actual presidenta Dilma Rousseff enfrenta una presión creciente para que renuncie por sus presuntos nexos con el escándalo.
Si bien esto ha desatado la agitación social en Brasil, esta puede ser una muestra de la independencia y fortaleza del sistema judicial de ese país, algo que falta en Venezuela.
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