La propuesta del gobernador del estado de Guerrero, al suroeste de México, de desmantelar las unidades de policía municipales y reemplazarlas por un solo organismo quizá no sea la solución para algunos de los problemas estructurales que le han impedido a la institución combatir a los grupos criminales que han hecho del estado uno de los más violentos del país.
En una entrevista con Imagen Radio el 26 de septiembre, el gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, dio a entender que dicha medida sería la opción más adecuada para mejorar la seguridad en el estado. El día antes, las autoridades estatales y federales de México tomaron el control de la policía municipal en la ciudad turística de Acapulco, Guerrero.
La medida se tomó en respuesta a las denuncias de que los grupos del crimen organizado se habían infiltrado en la institución. Acapulco, que solía ser un famoso destino turístico, es actualmente una de las ciudades más violentas de México.
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Según Excélsior, durante la operación en Acapulco las autoridades arrestaron al director de Tránsito Municipal, Rafael Rivas Valdés, por supuestamente cargar armas que no le habían sido suministradas oficialmente. Otros dos comandantes de policía fueron detenidos, acusados de asesinato.
El gobernador Astudillo Flores dijo en su entrevista con Imagen Radio que habrá más arrestos, con el fin de "detener la posibilidad de alguna relación de estas personas (miembros de la policía municipal) con la delincuencia organizada".
Antes de su renuncia en abril de 2018, el ex procurador general de Guerrero, Xavier Olea, dijo en una entrevista con el diario español El País, en marzo de 2017, que el estado no tenía la "capacidad para enfrentar al crimen organizado".
Análisis de InSight Crime
El desmantelamiento de las policías municipales con el fin de conformar un solo organismo unificado no resuelve ninguno de los factores subyacentes que llevan a que estas unidades sean cada vez más vulnerables a la corrupción y a la infiltración de los grupos del crimen organizado.
En general, los agentes de policía de México reciben pésimos salarios, suelen trabajar más horas de lo debido y en unidades con poco personal en zonas del país que tienen las mayores amenazas de seguridad pública. En particular, los policías municipales ganan menos que los estatales y federales, lo que los hace más susceptibles a los sobornos y a la infiltración de los grupos del crimen organizado.
De hecho, las autoridades estatales y militares recientemente suspendieron una unidad de policía municipal en el céntrico estado de Puebla —una zona estratégica para el robo de combustible— debido a sospechas de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Aquella fue la cuarta operación de este tipo que las autoridades llevaron a cabo en Puebla durante este año.
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Si bien las policías municipales son sin duda más vulnerables que otras unidades, su desmantelamiento y la creación de una sola unidad con el fin de mejorar la seguridad no es una medida que aborde los factores estructurales que están contribuyendo al problema, como la falta de supervisión y la inadecuada capacitación para enfrentar las amenazas del crimen organizado. Además, tampoco acaba con los incentivos financieros que tienen los grupos criminales para continuar transportando drogas por áreas estratégicas, como Acapulco.
En Acapulco existe un importante puerto con un alto volumen de tráfico de embarcaciones, que la hace ideal para las organizaciones criminales que reciben cargamentos de cocaína provenientes de Colombia, rumbo a los mercados estadounidenses. Mientras cuenten con un suministro constante de drogas y una demanda continua, los grupos criminales seguirán haciendo lo que han estado haciendo con el fin de mantener sus actividades criminales, como infiltrar y corromper a las fuerzas de seguridad.
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