El Senado de Brasil aprobó una norma que le otorgará jurisdicción al ejército para enjuiciar los crímenes cometidos presuntamente por miembros de las fuerzas armadas, una polémica medida que en otros casos ha sido relacionada con la impunidad de las fuerzas de seguridad que abusan de su poder.
El 10 de octubre, el Senado aprobó una medida que ya había sido sancionada por la Cámara Baja del Congreso, que permitirá que los abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra los civiles sean juzgados en tribunales militares, en lugar de juzgados civiles.
Según el servicio de comunicación estatal Agência Brasil, la reforma se aplicará a los casos en que los miembros de las fuerzas armadas cometen presuntas violaciones contra civiles durante las operaciones que buscan "garantizar la ley y el orden", las cuales son despliegues del ejército a nivel nacional autorizados por el presidente para el ostensible propósito de ayudar a las autoridades civiles en los asuntos de seguridad pública.
La reforma recientemente aprobada requiere la firma del presidente Michel Temer para que se convierta en ley, pero los medios locales dicen que se espera que Temer vete una disposición del proyecto de ley que limitaba su aplicación a las operaciones para "garantizar la ley y el orden" durante los Juegos Olímpicos del año pasado. Según O Globo, con el veto de Temer la reforma "se hará permanente".
La aprobación del proyecto de ley por parte del Senado generó fuertes críticas de los grupos de derechos humanos.
Señalando que las autoridades brasileñas han estado pidiendo cada vez más que el ejército ayude en las operaciones de seguridad pública, Amnistía Internacional manifestó que la aprobación de la reforma "suscita preocupaciones por la posibilidad de que la medida permita la impunidad de los militares que violan los derechos humanos".
El observatorio internacional dijo también que los activistas locales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil han señalado que dicho plan es una "licencia para matar".
Las fuerzas armadas han estado realizando grandes operaciones de seguridad en Río de Janeiro recientemente, y según parece los estados de Acre y Rondonia le han pedido a Temer que apruebe el despliegue del ejército en esos dos estados para ayudar a combatir el narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
Las fuerzas armadas de Brasil tienen una larga historia de violaciones que se remonta al periodo entre los sesentas y los ochentas, cuando las fuerzas armadas se tomaron el poder en un golpe de Estado y dirigieron el país como una dictadura, torturando y asesinando a numerosas personas que eran consideradas enemigas del régimen. Sin duda, es debido a esta historia que se ha generado la alarma entre los grupos de derechos humanos, especialmente debido a los recientes informes de que los soldados están llevando a cabo operaciones en Río de Janeiro con sus rostros cubiertos por máscaras de calavera.
En otros países donde el ejército ha sido convocado para realizar funciones que normalmente corresponden a la policía civil, el resultado ha sido a menudo un aumento en las violaciones a los derechos humanos. Y cuando esas presuntas violaciones caen bajo la jurisdicción del ejército, el sorprendente resultado es que los soldados acusados son raramente castigados, incluso en los casos más atroces.
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Además de los asuntos de derechos humanos, la reforma aprobada por el Senado de Brasil también tiene preocupantes implicaciones para la seguridad. Las estrategias de seguridad militarizadas no han dado resultados sostenibles en otras ocasiones, en parte porque las violaciones —que a menudo quedan impunes— han erosionado la confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad.
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