Más de 30 abogados en Brasil han sido arrestados por presuntos vínculos con una de las pandillas carcelarias más poderosas del país, lo que plantea interrogantes complicados sobre el rol que pueden desempeñar los abogados en la facilitación de las actividades criminales.
El 22 de noviembre la policía de São Paulo arrestó a 33 sospechosos —incluyendo a 31 abogados— como parte de una operación dirigida a desmantelar una facción del Primer Comando Capital (Primeiro Comando Capital —PCC), conocida como "R", según un comunicado oficial.
Una investigación policial identificó a 55 miembros sospechosos de la facción pandillera, entre ellos 40 abogados. La mayoría de los sospechosos presuntamente habían operado por fuera de la cárcel, pero la policía declaró que 14 individuos identificados como cabecillas del grupo operaban desde la prisión.
Algunos de los abogados fueron acusados de lavar dinero para la pandilla y, según O Globo, de crear una "lista de muerte" con los nombres de los guardianes de la cárcel y sus familiares. Algunos de los abogados también actuaban supuestamente como intermediarios entre los cabecillas encarcelados y los pandilleros en la calle.
El vicepresidente del Consejo Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Conselho Estadual de Direitos Humanos —CONDEPE—), identificado por los informes de los medios como Luiz Carlos dos Santos, se encontraba entre los arrestados. Santos recibió, según se dice, unos US$38.700 a cambio de formular falsas denuncias a los organismos de derechos humanos en nombre de la pandilla.
Santos había trabajado con las familias de varios jóvenes asesinados en una masacre ocurrida en octubre, que presuntamente se realizó con participación de la Guardia Civil Metropolitana de São Paulo en retaliación por el homicidio previo de otro miembro del cuerpo policial. No es claro si las presuntas falsas denuncias hechas por Santos tenían relación con este caso.
Marcos Fuchs, vicepresidente de la organización no gubernamental Conectas Direitos Humanos, declaró a Folha de São Paulo que la detención de Santos representa una "amenaza" al sector legal.
"No es sano para nuestra causa. No es sano para los defensores de derechos humanos ni para las entidades ni para las organizaciones", apuntó.
"CONDEPE es una organización muy seria que tiene este rol en la defensa de los derechos humanos, de recibir denuncias, de investigar las denuncias, de hacer inspecciones y visitas en el sistema penitenciario como una de sus prerrogativas", prosiguió Fuchs. "Tenemos que ser muy cautos".
Análisis de InSight Crime
La inferencia de Fuchs sobre la posible motivación de los arrestos en el legítimo trabajo del abogado plantea graves inquietudes sobre la posible interferencia del gobierno con el derecho de los ciudadanos a ser representados legalmente y al debido proceso judicial. Por otro lado, sin embargo, los arrestos mismos recuerdan que las pandillas en prisión en ocasiones abusan de esos derechos usando a los abogados para que les ayuden en sus actividades criminales.
El uso de abogados como intermediarios para llevar mensajes de los cabecillas en la cárcel a miembros del exterior fue informado por lo menos desde 2010, en un artículo publicado por la revista Época que describía el trabajo de los abogados como el “brazo ejecutivo” del PCC. Informes posteriores han señalado que el PCC está reclutando a jóvenes mentes legales con talento con el fin de emplearlos para que ayuden en las actividades de las pandillas.
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Este fenómenono es exclusivo de Brasil. En El Salvador, por ejemplo, se ha acusado a abogados de administrar los asuntos comerciales [de los pandilleros] así como enviar mensajes a pandilleros en libertad. De hecho, las autoridades salvadoreñas emitieron hace poco una nueva ronda de órdenes de captura para abogados sospechosos de participar en dichas actividades.
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