Dos miembros de las FARC habrían muerto en combate con el ejército colombiano, en lo que sería la primera violación del cese al fuego bilateral que busca allanar el camino para un acuerdo de paz con el grupo guerrillero. Sin embargo, el brote de hostilidades demuestra lo peligrosamente inestable que se ha vuelto el proceso.
Dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían muerto en combate el 16 de noviembre, a pesar de que hay un cese al fuego con el ejército colombiano.
Según un comunicado del ejército, los guerrilleros murieron en una operación contra actividades ilegales en el municipio de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar; un tercer guerrillero se entregó.
De acuerdo con el comunicado, las fuerzas armadas llevaron a cabo la operación después de recibir informes de que miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) habían estado extorsionando a los habitantes del sector y llevando a cabo operaciones de minería ilegal en el área.
Sólo se supo que los guerrilleros pertenecían a las FARC cuando el combatiente desmovilizado declaró que los tres eran miembros del Frente 37 de la organización. El guerrillero desmovilizado además “entregó información exacta sobre las actividades ilegales que estaban llevando a cabo en la zona”, dice el comunicado de prensa.
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El comandante del ejército colombiano, Alberto Mejía, le dijo a RCN Radio que se encontraron documentos de los guerrilleros muertos, que permiten evidenciar sus actividades extorsivas, y también se encontraron pruebas de que estaban colaborando con miembros del ELN.
Sin embargo, el jefe de las negociaciones de paz por parte del gobierno, Humberto de la Calle, le dijo a Caracol Televisión el 16 de noviembre que había discutido el incidente con el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien afirmó que los guerrilleros se estaban dirigiendo a una zona de preconcentración. Varias de estas zonas se han establecido para los miembros de las FARC mientras esperan que se implemente el acuerdo de paz final y que inicie formalmente su proceso de desmovilización.
En la declaración del ejército se afirma que los rebeldes se encontraban a 68 kilómetros de una zona de preconcentración. Pero el comandante Mejía señaló que los guerrilleros no estaban en ningún “corredor humanitario”, que aparentemente han sido creados para facilitar el ingreso a las zonas.
El delegado de paz de las FARC afirmó el miércoles en su cuenta de Twitter que la "versión del [Ejército de Colombia] sobre [la] muerte [de los] guerrilleros [al] sur de Bolívar carece de validez." En el mismo mensaje, Lozada exigió que el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (MMV) –conformado por miembros de las Naciones Unidas–, el gobierno colombiano y las FARC aclararan las circunstancias del enfrentamiento.
El cese bilateral al fuego entre el gobierno colombiano y los guerrilleros se declaró el 29 de agosto y en octubre se extendió hasta el final del año.
El último enfrentamiento entre las fuerzas de las FARC y el gobierno tuvo lugar el 8 de julio en el departamento del Meta, durante el cual tres guerrilleros resultaron heridos, según el centro de análisis de conflictos CERAC, que supervisa el cese al fuego.
Análisis de InSight Crime
El reciente enfrentamiento pone de presente que, mientras tanto, los miembros de las FARC permanecen en un riesgoso limbo que abre las puertas para una escalada de la violencia y para un retorno de la guerrilla a las actividades criminales.
Desde que los colombianos rechazaron el acuerdo inicial de paz con las FARC mediante votaciones en un plebiscito el pasado 2 de octubre, el proceso de paz, que se ha extendido por varios años, ha entrado en un terreno inestable. Ya se firmaron unas modificaciones al acuerdo inicial, pero éste todavía necesita la aprobación legal antes de que entre en vigencia—un proceso que podría tomar una cantidad indefinida de tiempo—.
El lugar donde los guerrilleros se estén reuniendo —o no— plantea un dilema. Implementar el acuerdo oficial les permitiría a los guerrilleros trasladarse a zonas de concentración protegidas, donde les entregarán sus armas a representantes de las Naciones Unidas. Pero como señala el CERAC, las zonas de preconcentración temporales para los guerrilleros no tienen sólidos controles para el ingreso y la salida, lo que “eleva el riesgo de que los miembros de la guerrilla [de las FARC] lleven a cabo acciones violentas de manera individual”.
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Como InSight Crime lo ha señalado anteriormente, los retrasos en la implementación del acuerdo oficial también aumentan las posibilidades de que grupos disidentes de la guerrilla se separen de la estructura central para seguir en sus actividades criminales. Los eventos en Bolívar también pueden haber sido un ejemplo de que algunos miembros de las FARC hayan hecho caso omiso de las órdenes de sus dirigentes de dejar de extorsionar.
Además, las versiones contradictorias en torno a la las muertes de los miembros de las FARC exacerbarán las tensiones políticas subyacentes. Los que apoyan el acuerdo de paz probablemente verán este incidente como una razón para acelerar el proceso de paz con el fin de evitar más enfrentamientos, mientras que los opositores probablemente señalarán el enfrentamiento como evidencia de que no se puede confiar en las promesas de las FARC durante las negociaciones.
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