El uso de vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos como drones, para combatir la minería ilegal en Perú está mostrando resultados positivos, aunque por sí solo, el uso de tecnología no será suficiente para detener esta poderosa economía ilegal.
Crecientemente, pobladores de la zona de Madre de Dios —región de la selva tropical amazónica en límites con Brasil y Bolivia donde tiene lugar la mayor parte de la explotación ilegal de oro y la tala indiscriminada— han adoptado el uso de drones para recolectar evidencia sobre esta actividad criminal.
Según el último informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), seis concesionarios ha logrado reunir suficiente información por medio de drones e imágenes satelitales, para que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios abriera una investigación.
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El uso de drones fue facilitado como parte de un proyecto de monitoreo integral impulsado en 2016 por expertos de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). El énfasis del proyecto está en brindar a los pobladores las herramientas necesarias para colaborar de manera efectiva en la lucha contra la minería ilegal y la tala.
La región de Madre de Dios es el epicentro de la crisis de minería y tala ilegales en Perú. Entre 2009 y 2017, más de 64.000 hectáreas de selva amazónica fueron destruidas en la zona.
Análisis de InSight Crime
Aunque las nuevas tecnologías pueden brindar muchas ventajas a la hora de luchar contra actividades criminales como la minería ilegal, no pueden reemplazar la necesidad de estrategias de largo plazo contra esta actividad y contra las organizaciones detrás de ella.
Una de las ventajas de los drones es que son altamente efectivos para recolectar información y pueden “vigilar” amplias zonas donde el acceso es difícil o peligroso.
Según una investigación publicada por El Comercio, antes de adoptar el uso de drones y aplicaciones para teléfonos celulares, los habitantes de estas zonas patrullaban los territorios a pie, corriendo el riesgo de toparse con los criminales y, potencialmente, ser atacados por estos.
“Ahora nos evitamos el choque inmediato con los infractores que muchas veces se ponen agresivos y pueden dañarnos físicamente”, explicó una pobladora a El Comercio.
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Uno de los desafíos es que, en ocasiones, las autoridades no logran corroborar la información que los habitantes recogen a través de los drones. Esto obstaculiza el proceso de imputación de cargos, puesto que no tienen a quién culpar.
“Al final nosotros llegamos al lugar, que suele ser alejado, […] y no encontramos a ninguna persona, entonces tenemos problemas de imputación porque no podemos acreditar quién ha sido o quiénes son los responsables de esos hechos”, dijo Karina Garay, fiscal provincial de la FEMA de Madre de Dios, a El Comercio.
Garay, sin embargo, explicó que la información es útil para documentar patrones de delitos.
Lo cierto es que aunque los drones no brindan una respuesta completa al enorme desafío de la minería y tala ilegales, funcionan como una buena herramienta de documentación sin la cual las autoridades trabajarían a ciegas.