Los supuestos planes de las comunidades indígenas de Panamá y Perú de utilizar aviones no tripulados para vigilar la destrucción de los bosques han planteado todo tipo de posibilidades de cómo los drones podrían utilizarse en el futuro para detectar crímenes ambientales como el tráfico de madera y la minería ilegal.
Los planes fueron discutidos en la reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático en Lima, Perú, la cual incluyó la exposición de las primeras imágenes de vuelos de aviones no tripulados de prueba que muestran los derrames de petróleo en la Amazonía peruana, informó EFE.
Un especialista del grupo de derechos indígenas de Perú AIDESEP dijo a EFE que los drones podrían ayudar a reunir evidencia de violaciones cometidas por las empresas que trabajan en la Amazonía. Otra asociación indígena peruana dijo a EFE que estaban interesados en el uso de aviones no tripulados para asegurarse de que ciertas comunidades indígenas permanecieran aisladas; mientras que los representantes del grupo indígena Embera de Panamá manifestaron su intención de utilizar aviones no tripulados para trazar su territorio y determinar si la zona puede ser utilizada para capturar y almacenar grandes cantidades de residuos subterráneos de dióxido de carbono, un proceso conocido como captura de carbono.
Los aviones no tripulados que serían utilizados por estos grupos indígenas tienen un valor de US$12.000 cada uno y un radio de vuelo de 16 kilómetros, según EFE.
Análisis de InSight Crime
El hecho de que los activistas indígenas de la Amazonía ya estén listos para comenzar a desplegar drones es una señal del gran potencial de uso de estos aviones -que han ido ganando popularidad en Latinoamérica- para hacer seguimiento a las actividades ilícitas en las regiones selváticas. Los crímenes ambientales tienen un valor de miles de millones de dólares cada año a nivel mundial e implican a grandes redes criminales. Uno de los retos actuales que enfrentan las autoridades es la falta de herramientas adecuadas para enfrentar el ecotráfico.
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Ya existe un precedente para este uso de los aviones no tripulados: en 2011 la policía ambiental de Brasil adquirió aviones no tripulados para realizar seguimiento a delitos como la pesca ilegal y la deforestación en las zonas rurales.
Una ventaja clave de los drones, o de los vehículos aéreos no tripulados (VANT), es que pueden realizar vigilancia en amplias extensiones de territorio que no son de fácil acceso para los seres humanos, o a las cuales es peligroso ingresar. Las selvas de Perú y Colombia son bastiones de la minería ilegal de oro, mientras que otras áreas como la reserva forestal Bosawas en Nicaragua se ven fuertemente afectadas por la extracción ilegal de madera y el tráfico de tierras.
No obstante, un despliegue más amplio de aviones no tripulados en Latinoamérica enfrentaría una serie de complicaciones, incluyendo una inadecuada legislación nacional o internacional sobre cómo pueden ser utilizados. Probablemente estos problemas necesitarán ser abordados antes de que los cuerpos del gobierno puedan volar las máquinas sobre territorio indígena o propiedad privada.
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