Varias dudas surgieron en torno al monto de la ayuda internacional que Colombia puede esperar recibir como apoyo al histórico acuerdo de paz con el principal grupo insurgente del país, lo que a su vez plantea interrogantes sobre el impacto que tendrían los problemas de financiamiento en la implementación del acuerdo.
El presidente estadounidense Barack Obama anunció en febrero que solicitaría al Congreso la aprobación de un paquete de más de US$450 millones en ayuda para Colombia para apuntalar el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero según informe del 1 de septiembre, del servicio de noticias McClatchy, unos US$90 millones de ese paquete podrían ser retenidos por un "prolongado y muchas veces disfuncional proceso presupuestario en Estados Unidos sumado a un tardío voto público de ratificación del acuerdo en Colombia".
Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC desembocaron en un acuerdo de cese al fuego definitivo el 24 de agosto, por lo que el 2 de octubre se realizará un plebiscito para buscar la ratificación popular del acuerdo.
Sin embargo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con potestad sobre el gasto federal, no entrará en sesiones entre el 1 de octubre y el 14 de noviembre (pdf). Esto deja al Congreso de Estados Unidos con solo un pequeño plazo para aprobar la financiación para Colombia antes del final de las actuales sesiones legislativas, en enero de 2017.
La Unión Europea ha prometido US$645 millones como apoyo a la implementación del acuerdo de paz en Colombia, pero muchos detalles de ese paquete siguen en discusión. Las Naciones Unidas también han aprobado un fondo de apoyo para Colombia con un presupuesto de US$43,2 millones, aunque no es claro cuánto de esa cifra se destinará específicamente para la implementación del acuerdo.
Aun si todos esos fondos se materializan, solo sumarían unos US$1.100 millones —aproximadamente una tercera parte de los US$3.300 millones en ayuda internacional que el gobierno colombiano ha dicho que espera recaudar para 2020.
Este déficit es la razón por la cual Alejandro Gamboa Castilla, director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) de Colombia, salió recientemente en viaje a Asia, para buscar el apoyo de países de esa región al proceso de paz en Colombia.
"Queremos atraer a los países asiáticos para que canalicen recursos a través de fondos que hemos desarrollado para el apoyo del postconflicto", declaró Gamboa a Portafolio. "El objetivo de nuestro viaje es explicar estos instrumentos para que haya un aporte".
Aunque se espera que el acuerdo de paz incentive los prospectos económicos de Colombia a largo plazo, el crecimiento económico se ha ido desacelerando en los últimos años, lo que ha surtido un efecto negativo en la capacidad de gasto del gobierno en proyectos planeados.
Queda por ver cuánto costará exactamente la implementación del acuerdo de paz, pero un cálculo muy citado, hecho por el Banco de América en 2014, pone la cifra en casi US$17 mil millones en un periodo de 10 años.
Análisis de InSight Crime
Muchos expertos, incluyendo el mismo ministro de hacienda colombiano, han señalado que la financiación internacional tendrá un rol clave en la subvención de la implementación del acuerdo de paz. Y garantizar los fondos suficientes para la implementación será crucial para llevar el proceso a buen término, lo que tiene implicaciones importantes en el panorama del crimen organizado tras los acuerdos en Colombia.
Un componente central del proceso de consolidación de la paz es un programa de sustitución de cultivos, cuyo objetivo sea incentivar en los agricultores el cultivo de productos lícitos en lugar de las lucrativas plantas de coca, que son la base de la cocaína. Un financiamiento adecuado de los subsidios agrícolas necesarios para hacer viable este programa es apenas uno de varios retos que probablemente enfrente la iniciativa en el futuro.
De manera similar, los programas de reinserción de excombatientes de las FARC a la vida civil pueden tener un costo sustancial. El acuerdo de paz dará a los exguerrilleros las condiciones para acceder a becas y estipendios del gobierno. El no lograr financiar totalmente esas iniciativas podría incitar a los excombatientes a volver a la economía al margen de la ley para asegurar su subsistencia
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