El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió redoblar los esfuerzos de los organismos de seguridad contra la crisis de opiáceos que agobia al país, pero el tan esperado anuncio sobre una estrategia para abordar la mortal epidemia no parece atacar la raíz del problema.
El 8 de agosto, Trump se comprometió a "ganar" la lucha contra la crisis de opiáceos que aflige al país, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.
"Estoy seguro de que, trabajando con nuestros expertos en salud y con los organismos de seguridad, lucharemos contra esta mortal epidemia y Estados Unidos ganará la batalla", dijo.
Trump prometió aumentar el trabajo de los organismos de seguridad con el fin de aumentar "rápidamente" el número de juicios federales, que según el presidente han disminuido en los últimos años. El mandatario agregó que un fuerte trabajo policial es "absolutamente vital para lograr una sociedad libre de drogas".
Los temores de los organismos de seguridad han aumentado recientemente dado que la producción de heroína en México ha crecido, al igual que la demanda por la droga en Estados Unidos, lo que ha suscitado enfrentamientos entre los carteles mexicanos por el control de este mercado.
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"A finales de 2016 había 23 por ciento menos [juicios] que en 2011", dijo Trump. "No dejaremos que esto continúe. La sentencia promedio para un delincuente que ha cometido un crimen federal relacionado con drogas disminuyó 20 por ciento entre 2009 y 2016".
La administración Trump ha hecho otros esfuerzos por abordar el problema de los opiáceos. El 2 de agosto, Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, anunció la creación de una nueva fuerza de tarea contra los opiáceos, y meses antes, en el mes de marzo, Trump había firmado una orden ejecutiva mediante la cual se creó un cuerpo de investigaciones dedicado a estudiar las maneras para combatir y tratar la crisis de opiáceos. Por otra parte, la Comisión Presidencial, en su primer informe provisional, ha instado a Trump a declarar la crisis de opiáceos como una emergencia nacional.
El discurso de Trump se presenta poco después de un reciente estudio de la Revista Americana de Medicina Preventiva (American Journal of Preventive Medicine, AJPM) que indica que la gravedad de la crisis opioide pudo haber sido subestimada.
Con base en los registros de muertes por sobredosis y otra información demográfica, el estudio descubrió que las tasas de mortalidad relacionadas con opiáceos y heroína a nivel nacional eran, respectivamente, 24 y 22 por ciento mayores que las reportadas inicialmente. Los datos públicos sobre la epidemia de opiáceos son escasos y a menudo inexactos.
Sin embargo, Trump dijo que "tenemos un gran equipo de expertos y personas que quieren acabar con esta horrible situación que afecta a nuestro país —y acabaremos con ella—".
Análisis de InSight Crime
Como muchas administraciones anteriores, la de Trump está planeando utilizar una estrategia policiva de mano dura frente al consumo de drogas. Sus referencias a quienes han cometido delitos relacionados con drogas permiten suponer que habrá énfasis en el tráfico, el comercio y el consumo de sustancias ilegales.
Esta estrategia no tiene en cuenta el hecho de que la mayoría de las sobredosis se producen por opiáceos legales, no por los ilegales, y que la actual crisis se generó por comportamientos cuestionables y a veces ilegales por parte de la industria farmacéutica, que llevó a grandes segmentos de la población a utilizar los analgésicos opioides, a pesar de las advertencias de su potencial adictivo. Los consumidores que ya no pudieron acceder a las drogas legales recurrieron a las alternativas que ofrecía el mercado negro, como la heroína y, en menor medida, el fentanilo, lo que favoreció el crecimiento del crimen organizado.
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La clave para reducir la adicción a los analgésicos recetados en Estados Unidos consiste en controlar a las compañías farmacéuticas y a los médicos que han comercializado productos opiáceos engañosamente, prescribiéndolos de manera excesiva. Según los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés), así como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la mayoría de las muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos involucran opioides prescritos. En los últimos 16 años, más de 183.000 personas han muerto por sobredosis relacionadas con opioides prescritos, principalmente metadona, oxicodona (OxyContin) e hidrocodona (Vicodin).
Ha habido un aumento de las medidas positivas, como las acciones legales a nivel estatal y federal contra empresas y personas, y la DEA ha propuesto planes para reducir la cantidad de sustancias controladas que se producirán en Estados Unidos en 2018. Pero algunos expertos han expresado su preocupación por el hecho de que una estrategia demasiado centrada en el control policial —bien sea que ello signifique encarcelar a ejecutivos de grandes empresas farmacéuticas o a grandes traficantes de heroína— tendría el riesgo de dejar de lado otros aspectos importantes en el abordaje de la crisis de opiáceos, como los programas de prevención y tratamiento para personas con adicciones.
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