Una región fronteriza difusa y sin ley entre Belice y Guatemala se ha convertido en terreno fértil para que los ecotraficantes cultiven sus intereses criminales, una muestra de cómo la falta de control gubernamental en zonas así facilita estos delitos.
El negocio del tráfico de recursos naturales preciados, como el rosul o las coloridas guacamayas rojas está en auge en la Reserva de Biosfera Maya que se extiende entre el norte de Guatemala y el Parque Nacional Chiquibul, en el centro de Belice. Los habitantes de esta región fronteriza porosa y poco vigilada recurren a actividades ilegales para mejorar sus ingresos ante la ausencia de oportunidades económicas viables, según informó Mongabay.
Estas redes criminales que operan a ambos lados de la frontera —muchas veces financiadas desde Asia— emplean a campesinos del lugar para contrabandear fauna y flora de la región que atraviesa la frontera noroeste de Guatemala con México o su frontera noreste con Belice, donde los traficantes buscan vacíos de seguridad.
Posteriormente se transporta el contrabando usando intermediarios más poderosos y funcionarios de gobierno corruptos por medio de puertos estratégicos en ambos países, antes de llegar a su destino final, informó Mongabay.
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La principal zona afectada por esta actividad ilícita se identifica como la llamada “zona de adyacencia”, una franja de tierra de un kilómetro a cada lado de la frontera. Una disputa fronteriza entre los dos países, que se remonta al siglo XVIII, ha dificultado la intervención de las autoridades, por la incertidumbre sobre la jurisdicción, lo que lleva a la “extracción desenfrenada de recursos naturales”, según Mongabay.
Aunque el rosul de la región por lo general se envía a lugares como Hong Kong, en el sureste asiático, las vibrantes guacamayas rojas muchas veces terminan en manos de ricos de México y Guatemala.
Las autoridades descubrieron dos guacamayas rojas, por ejemplo, en la residencia de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti. Las guacamayas bien pudieron conseguirse, afirma Mongabay, por medio de funcionarios corruptos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
Sin embargo, las autoridades fueron incapaces de rastrear el origen de las guacamayas, pues la transacción nunca quedó registrada, según Aura Marina López Cifuentes, de la división de delitos ambientales de la Fiscalía General de Guatemala, lo que pone de manifiesto cómo la corrupción muchas veces facilita el ecotráfico en la región.
Análisis de InSight Crime
La incapacidad de las autoridades de imponer la ley y el orden a lo largo de la frontera Belice-Guatemala subraya cómo la falta de presencia estatal en esas zonas da pie a la proliferación de grupos criminales, y al desarrollo sin trabas de sus actividades ilícitas.
De hecho, los grupos narcotraficantes del departamento de Petén, en el extremo norte de Guatemala —donde se encuentra la Reserva de Biosfera Maya— también han aprovechado la poca seguridad de esta zona fronteriza. Durante mucho tiempo, estos grupos han quemado grandes extensiones de selva protegida para construir pistas de aterrizaje clandestinas para sacar del país los cargamentos de droga procedentes de Suramérica. Más de 8.000 hectáreas de bosque tropical protegido fueron arrasadas por el fuego en un lapso de pocos meses en 2016.
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La combinación de controles fronterizos laxos y corrupción de funcionarios también favorece las actividades criminales en otros lugares de la región. En Paraguay, por ejemplo, los taladores ilegales dependen de la porosa frontera entre su país y Brasil y de policías corruptos para traficar madera fuera de una reserva natural que es famosa por esa actividad precisamente.
La familia de expresidente paraguayo Horacio Cartes también ha sido acusada en repetidas oportunidades de facilitar el flujo de cigarrillos de contrabando mediante la llamada región "Trifronteriza", un punto que concentra actividades ilícitas, en la intersección entre Argentina, Brasil y Paraguay.
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