Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero más grande del país, Ecuador está considerando reducir drásticamente su presencia militar a lo largo de la frontera norte del país, una decisión potencialmente peligrosa que podría crear vacíos en una región donde todavía dominan los actores criminales.
Según EFE, el 26 de septiembre, el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que con la firma del acuerdo de paz por parte del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ecuador reduciría la presencia de sus fuerzas de seguridad a lo largo del 80 por ciento de la frontera con el territorio colombiano.
Antes de partir hacia el evento de la firma del acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena, Colombia, Correa le dijo a la prensa que en la frontera con Colombia hay entre 10.000 y 11.000 integrantes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, lo cual le cuesta al gobierno unos US$120 millones por año.
Correa agregó que en los procesos de paz como el que se adelanta en Colombia, “alrededor del 30 por ciento de los insurgentes no se desmovilizan”, y por el contrario incurren en nuevas actividades criminales desorganizadas que “pueden crear nuevos problemas”.
No obstante, Correa afirmó que Ecuador y Colombia están trabajando juntos “para hacer frente a estos nuevos escenarios”.
Análisis de InSight Crime
Colombia y Ecuador comparten una frontera de unos 700 km, gran parte de ella en una densa e inaccesible zona selvática con poca vigilancia. En el pasado, dicho territorio les ofrecía a las FARC un área ventajosa que les permitía establecer lugares de refugio; dichas zonas fueron aprovechadas particularmente por el Frente 48, quienes llegaron a cruzar hacia Ecuador con el fin de reagruparse, reabastecerse y escapar de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas.
Ahora, con las FARC a puertas de la desmovilización, el presidente Correa está por supuesto deseoso de replegar las costosas tropas que velan por la seguridad a lo largo de la frontera y que tienen la misión de prevenir los brotes de violencia.
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Sin embargo, dicha decisión puede tener consecuencias negativas para la seguridad. La investigación de campo realizada por InSight Crime señala que la frontera entre Ecuador y Colombia es una región con poca probabilidad de experimentar un dividendo de paz tras la desmovilización de las FARC. Esto se debe a la fuerte presencia de una gran cantidad de otros grupos armados ilegales, especialmente el segundo grupo guerrillero más grande del país (Ejército de Liberación Nacional-ELN) y bandas criminales (BACRIM) como Los Urabeños (vea el mapa).
Estos grupos participan en diversas actividades criminales ilegales en la frontera, particularmente la producción de coca y el tráfico de drogas, e incluso en la minería ilegal. Además, la región es un paso crucial para el tráfico de drogas, y allí se ha reportado incluso la presencia de la organización mexicana Cartel de Sinaloa. Ecuador también ha descubierto varios semisumergibles para el tráfico de drogas cerca de la frontera con Colombia.
En este sentido, el hecho de que las FARC abandonen la región, donde además llevaban a cabo sus actividades criminales, podría crear un vacío que generaría enfrentamientos entre varios grupos criminales con el fin de dominar y establecerse en el territorio que pertenecía a las FARC. Recientes informes también sugieren que algunos grupos disidentes de las FARC se estarían trasladando al territorio ecuatoriano y formando estructuras criminales con el fin de sacar provecho de las actividades ya establecidas en la región.
Dado que el crimen organizado a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia podría ahora desorganizarse —lo cual el mismo Correa considera como una posible fuente de nuevos retos de seguridad—, Ecuador debería reconsiderar el drástico recorte en materia de seguridad en la zona.