La captura en Estados Unidos del hermano del exdirector de una de las instituciones estatales hondureñas que más recursos maneja, por lavado de dinero, es una clara muestra de que la permisividad de Estados Unidos con sus aliados en la región tiene límites y de la incapacidad del gobierno de Honduras para procesar a sus élites corruptas.
La Oficina del Fiscal del Distrito Este del Estado de Louisiana informó sobre la detención, el 1 de mayo, de Carlos Zelaya, quien es acusado de conspirar para lavar más de US$1 millón proveniente de sobornos y fondos malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Su hermano, Mario Zelaya, quien fue presidente de esa institución, fue capturado en septiembre de 2016 cerca de la frontera con Nicaragua, luego de pasar más de 200 días huyendo de la justicia. En 2017 fue condenado a prisión por una serie de delitos relacionados con un masivo desfalco que supera los US$300 millones en el instituto, que dirigió desde 2010, durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo, informó La Prensa.
Según la acusación, Carlos Zelaya conspiró con su hermano para lavar más de US$1,3 millones en el área de Nueva Orleans, donde residía, a través de transferencias electrónicas internacionales que fueron usadas para comprar bienes inmuebles.
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Parte de este dinero sería producto de una serie de sobornos que fueron pagados por dos empresarios hondureños al entonces director de la institución. Carlos Zelaya también es señalado de haber usado la posición oficial de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño y de haber lavado este dinero en Nueva Orleans.
Estos sobornos ocurrieron durante la administración del expresidente Lobo, quien fue señalado en Estados Unidos por el líder del grupo narcotraficante Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, de haber recibido durante la campaña presidencial de 2009 US$500.000 del grupo narcotraficante a cambio de favores, informó El Heraldo.
En septiembre del año pasado, Fabio Lobo, uno de los hijos del expresidente fue condenado a 24 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Su esposa, Rosa Elena Bonilla, fue capturada en febrero de este año señalada de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita. El expresidente Lobo aún no ha enfrentado cargos en Honduras.
Análisis de InSight Crime
La captura de Zelaya por lavado de dinero en Nueva Orleans da muestra de la compleja posición que ha debido asumir el gobierno de Estados Unidos con las actividades criminales ocurridas en su territorio, frente a la incapacidad y falta de voluntad de los gobiernos de sus aliados de procesar efectivamente casos de corrupción de alto nivel en sus propios países.
Luego de que se informara sobre la captura, la embajadora de Estados Unidos en Honduras Chargé Heide Fulton dijo en su cuenta de Twitter que su país "no será refugio de aquellos que intentan escapar de la justicia en Honduras, y tampoco nuestro sistema financiero será utilizado para lavar fondos robados al pueblo hondureño".
El Ministerio Público de Honduras comenzó su investigación sobre el IHSS a finales de 2013 y reveló que la dirección del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández recibió al menos US$90 millones proveniente de esa entidad, a través de más de diez empresas fantasma.
De hecho, como InSight Crime ha señalado, las masivas protestas que tomaron el país luego de que el presidente Juan Orlando Hernández admitiera en 2015 que empresas vinculadas al desfalco del IHSS habían financiado su campaña, fueron uno de los principales sucesos que llevaron a la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
A pesar de los señalamientos de vínculos con el crimen organizado que rondan a su círculo intimo, Hernández es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y recibió el apoyo del gobierno cuando fue reelegido a finales del año pasado, en unas elecciones plagadas de polémica y señalamientos de fraude.
Por otra parte, la MACCIH ha enfrentado una serie de bloqueos por parte de la élite política de Honduras. Más recientemente, tres magistrados de la Corte de Apelación fueron denunciados ante el MP por haber aprobado un recurso interpuesto por la ex primera dama para revocar algunos de los delitos por los cuales era acusada, según reportó El Heraldo.
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