Estados Unidos está demandando a las autoridades mexicanas que intensifiquen la ofensiva frontal contra los grupos del crimen organizado del país, reforzando estrategias que no han producido mayores logros de seguridad a lo largo de los últimos 15 años.
El pasado 16 de septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump envió un memorando al secretario de estado donde señalaba que aunque ha habido “señales de avance” en relación con la lucha de México contra el crimen, “hay más por hacer”.
“Estos carteles plantean una clara amenaza para México y para la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre varias partes de su país”, comentó el presidente. “México debe mostrar un claro compromiso con el desmantelamiento de los carteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses que se ven amenazados por estos grupos”.
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El memorando anual se presenta en el contexto de la mayor presión estadounidense a la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Solo en el último año, el presidente Trump amenazó con designar los grupos criminales de México como organizaciones terroristas y enviar tropas estadounidenses a “limpiar[los]”.
El presidente López Obrador ha rechazado esas escaladas, pero hasta el momento ha sido incapaz de contener la espiral de violencia en el país. De mantenerse las tendencias actuales, 2020 cerrará con otro número récord de homicidios en el país.
“A menos que el gobierno mexicano demuestre un avance sustancial en los próximos años, respaldado por datos verificables, México estará en grave riesgo de ser declarado en incumplimiento demostrable de sus compromisos internacionales para el control de la droga”, amenazó el presidente Trump.
Análisis de InSight Crime
Pese a algunas pizcas de elogio por las reformas a la extinción de dominio y el aumento de las extradiciones, la amonestación del presidente Trump y su insistencia para que las autoridades de México adopten más de las mismas estrategias de siempre ponen en evidencia su desconocimiento de las dinámicas de seguridad en el país y la apremiante necesidad de nuevas estrategias.
Desde las medidas contra la inmigración hasta la represión a los movimientos sociales, Estados Unidos ha fomentado y respaldado las medidas de línea dura en México durante largo tiempo. Lo mismo se aplica a la lucha contra el crimen organizado.
El gobierno estadounidense ha destinado miles de millones a la lucha contra el crimen en México con programas como el Plan Mérida, lanzado en 2008 para contener el tráfico de armas y narcóticos. Estos esfuerzos se han visto socavados por el gran número de altos funcionarios corruptos con quienes Estados Unidos se mostró dispuesto a trabajar a pesar de los fuertes indicios de que podían poner en riesgo toda la operación.
La insistencia en el intento de "desmantelar" los grupos del crimen organizado en México, como aconseja hacer el presidente Trump a sus homólogos al sur de la frontera, no tiene en consideración ninguno de los factores que han contribuido a la proliferación de los mismos.
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Pero aunque los funcionarios de gobierno a ambos lados de la frontera han mostrado poco interés en cambiar el curso de la estrategia, cientos de académicos, investigadores y observadores buscan nuevas comprensiones de las dinámicas de la seguridad y el narcotráfico en Mexico.
En julio de 2020, por ejemplo, Noria Research lanzó la Red Amapola México, una iniciativa basada en datos sobre la economía del opio en el país, cuyo objetivo es “aumentar sistemáticamente la comprensión” y “hacer acopio de datos empíricos sólidos sobre el mercado de opio y sus partes interesadas”.
El colectivo de investigadores y analistas también lanzó un proyecto de largo aliento para producir un análisis detallado de las dinámicas locales: históricas, políticas y sociales, que generan violencia en todo México usando investigación en campo.
“La violencia debe entenderse como un fenómeno social y político, no como una reacción espontánea o un problema individual aislado”, declara el anuncio del proyecto.
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