El ejército de México instalará cámaras en los cascos de los soldados, como parte de los esfuerzos por mejorar un historial en materia de derechos humanos que se ha visto empañado por escándalos recientes; sin embargo, las experiencias en otros países sugieren que estas medidas no serán suficientes para poner fin a los abusos y la impunidad.
La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) ha anunciado un plan para instalar 2.245 cámaras de video en los cascos de los militares, informó Milenio. La iniciativa surge a raíz de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH), como respuesta a la masacre de Tlatlaya en 2014, en la que 22 personas fueron presuntamente ejecutadas por militares.
A los cascos también se les instalarán grabadoras de audio, dispositivos GPS y linternas, informó SDP Noticias. Según Milenio, el objetivo de la iniciativa es grabar "incidentes e interacciones" que se presenten con civiles, con el fin de documentar y reducir las violaciones a los derechos humanos.
El ejército comenzó a utilizar cámaras de video a principios de este año para documentar varias operaciones de narcotráfico y crimen organizado, pero sólo los comandantes estaban provistos de cámaras. Los nuevos fondos aumentarán notablemente el número de cámaras disponibles.
Además de cámaras, la Sedena les ofrecerá a los militares entrenamiento en derechos humanos y en uso de la fuerza.
Análisis de InSight Crime
El ejército mexicano ha estado bajo creciente presión para mejorar su historial en materia de derechos humanos, luego de que el escándalo sobre la masacre de Tlatlaya llevara a Estados Unidos a tomar la decisión de reducir la ayuda en seguridad, pues se teme que la policía y el ejército continúan cometiendo abusos de manera regular. Sin embargo, aunque la decisión de instalar cámaras en los cascos de los militares mexicanos puede ser un paso hacia la rendición de cuentas, siguen existiendo serias dudas acerca de si el ejército está haciendo lo suficiente para cambiar una cultura marcada por los abusos y la impunidad.
La iniciativa hace eco de varios proyectos en México y Latinoamérica que han intentado reducir los abusos de seguridad mediante el uso de equipos de grabación —lo cual ha dado resultados diversos—.
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En algunas partes de México ya se han hecho pruebas con cámaras instaladas en los uniformes; estas han sido utilizadas por los policías en Tijuana, una ciudad fronteriza donde es común la corrupción policial. Sin embargo, este programa en Tijuana se ha percibido como una iniciativa para proteger a la policía en lugar de proteger a los civiles contra los abusos; además, los oficiales pueden encender o apagar las cámaras cuando lo deseen, e incluso borrar las grabaciones, informó Al Jazeera América.
Cámaras similares también se han instalado en las patrullas de la policía de Brasil, donde abundan las ejecuciones de civiles por parte de la policía. En el año 2014, dichas cámaras registraron la ejecución extrajudicial de un adolescente; sin embargo, los equipos de grabación parecen haber obtenido pocos logros en la reducción de los homicidios por parte de la policía, los cuales continúan aumentando.
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