Un líder de partido en Venezuela ha acusado de corrupción a las fuerzas armadas por la desaparición de 28 mineros, e insinúa que por largo tiempo los militares han participado en la industria de la minería ilegal de oro.
El exgobernador del antiguo estado de Bolívar Andrés Velásquez ha acusado al ejército de beneficiarse de la minería ilegal de oro, tras la desaparición y el posible homicidio de 28 mineros al sur de Venezuela.
En entrevista con Unión Radio, Velásquez —uno de los líderes del partido de oposición La Causa Radical (LCR)— señaló de la desaparición de los mineros a un complot entre grupos criminales y funcionarios corruptos.
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"Son bandas criminales que están presentes", dijo Velásquez. "Los cabecillas se conocen todos [...] 'El Juancho,' 'El Topo,' 'El Gordo,' 'El Chingo' ... Son los jefes, o cabecillas se conocen que son muy poderosos.'"
También afirmó que integrantes del ejército presentes en el área cobran extorsiones (vacunas) a los mineros ilegales a cambio de permitirles trabajar.
El diputado del estado de Bolívar Américo De Grazia —también del LCR— hizo recientemente aseveraciones similares, alegando que mientras los miembros de las fuerzas armadas condenan la minería ilegal, los militares se benefician del cobro de extorsiones a cambio de permitir trabajar a los mineros.
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones de las profundas implicaciones de las fuerzas armadas en la industria de la minería ilegal en Venezuela se han conocido desde hace tiempo. Por esta razón, en cierta manera no sorprenden los rumores de que las autoridades hubieran participado en la reciente desaparición de más de dos docenas de mineros en Bolívar.
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Un reciente informe que afirma que agentes de seguridad de Venezuela están involucrados en la minería ilegal fue un documental de Discovery MAX en 2015 (ver el video a continuación). La cinta afirmaba que las fuerzas armadas de Venezuela se benefician de la falta de control estatal en el punto de concentración de la minería ilegal en Bolívar, como lo informó Efecto Cocuyo. Según fuentes del gobierno local, agentes militares de alto rango apoyan y entregan armas a "agrupaciones" criminales que ofrecen protección a los mineros locales a cambio de una tajada de las ganancias.
Se dice que los oficiales del ejército atacan y roban a quienes se niegan a pagar estas tarifas, y revenden el oro confiscado a terceros, según Efecto Cocuyo.
Queda por ver si una Asamblea controlada por una mayoría no chavista presionará más para investigar esas denuncias de corrupción en las fuerzas de seguridad. En un giro notable de los eventos, la Asamblea debatió abiertamente si el expresidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, tiene vínculos con el negocio transnacional de la droga. Esto contrasta con el statu quo bajo los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuando era raro que se investigara con diligencia acusaciones de este tipo.
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