Brasil, que padece un superpoblación carcelaria que ronda las 550.000 personas, comenzó a transferir detenidos a la primera prisión privada, pero con gestión también estatal, valuado en 130 millones de dólares, que será inaugurado esta semana y en la que sus responsables están obligados a garantizar la resocialización de los internos con trabajo y estudio.
El "super presidio" de la localidad de Riberao das Neves, en Minas Gerais, que comenzará a funcionar el próximo viernes, fue construido por un Consorcio Penitenciario Asociado (GPA) formado por cinco empresas privadas que vencieron una licitación pública.
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