El recién posesionado presidente de Honduras ha desplegado a la policía militar y a una nueva unidad de policía en las calles de la capital, Tegucigalpa; una medida que podría ser una señal del enfoque de línea dura, que había prometido aplicar, para abordar la cuestión de la seguridad.
Durante la ceremonia de inauguración, el 27 de enero, el presidente Juan Orlando Hernández puso en marcha el plan -llamado "Operación Morazán"– y declaró su intención de usar políticas de "mano dura" para combatir la violencia y la inseguridad en el país, informó La Prensa. La operación desplegará a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y a la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) -una unidad de policía especializada creada para combatir el crimen organizado, que comenzó a operar el 26 de enero- en las calles de Tegucigalpa y en la ciudad limítrofe de Comayaguela, para combatir el crimen.
Hernández dijo que "cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad debe tener como eje fundamental el combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y en consecuencia cero tolerancia". Su estrategia incluirá el aumento tanto de la presencia militar como policial en las calles y en el transporte público, dijo.
El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, también se comprometió a reducir la tasa de homicidios a siete asesinatos al día -de los 17 o más que se registran hoy en día- mientras que Hernández se comprometió a reducir la violencia y la extorsión en ese país, destruido por la criminalidad, en los próximos meses.
Análisis de InSight Crime
La instrucción de despliegue inmediato en las calles, por parte de Hernández, tanto de soldados como de policías, sirve como un adelanto de las políticas de seguridad que su administración probablemente implementará durante su mandato. Hernández ha sido un activo promotor de la militarización de la seguridad, e influyó en la creación de la PMOP.
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Los puntos de vista del nuevo presidente, en cuanto a la cuestión de la seguridad, han generado preocupación entre aquellos que creen que este tipo de políticas de mano dura son contrarias a las libertades civiles y los Derechos Humanos. La evidencia también sugiere que, en lugar de acabar con la criminalidad, las políticas de "mano dura" en Latinoamérica pueden servir para aumentar la violencia y fortalecer a las pandillas.
Honduras, como el país más peligroso del mundo fuera de una zona de guerra, tiene una situación de seguridad particularmente desafiante. Tiene una alta concentración de las pandillas callejeras de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13), las cuales están profundamente involucradas en la criminalidad y ejercen un control social. También ha sido testigo de un fuerte aumento en los vuelos con drogas, desde 2009, acompañado por una afluencia de grupos criminales transnacionales.
El país también se enfrenta a instituciones severamente débiles y a una fuerza policial plagada de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
La administración anterior comenzó a militarizar la seguridad en parte como una forma de mitigar la crisis actual de la policía, exacerbada por un esfuerzo de reforma titubeante. Sin embargo, además de la preocupación en torno a los Derechos Humanos, esta estrategia ha tenido poco efecto hasta el momento y ha fallado en abordar las debilidades institucionales que subyacen a la crisis de seguridad de Honduras.
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