Un capo ecuatoriano preso afirma ser parte del grupo guerrillero desmovilizado de las FARC en Colombia, con el fin de recibir los beneficios judiciales ofrecidos a excombatientes según un acuerdo de paz de 2016. Pero el solo hecho de aparecer en la lista de integrantes de las FARC puede no ser suficiente para demostrar la pertenencia al grupo, lo que suscita preguntas sobre cómo verificar a quiénes debe permitírseles aprovechar el proceso de paz y a quiénes no.
Washington Prado Alava, a quien se llamó el "Pablo Escobar" de Ecuador luego de su captura en Colombia a comienzos de este año, intenta impedir su extradición a Estados Unidos alegando ante la Corte Suprema de Colombia que es integrante de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según información divulgada por El Tiempo el 16 de septiembre.
El acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 prometía la no extradición a los miembros del grupo. La pretensión de Prado de hacer parte de las FARC se basa presuntamente en una carta que lo confirma como tal, firmada por Gustavo González, alias "Rambo", exjefe de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Los abogados de Prado le han solicitado a la Corte Suprema que cite a González para confirmar las afirmaciones.
A Prado se lo acusa de encabezar la organización criminal más poderosa de la costa Pacífica colombiana y ecuatoriana. Desconocido para la opinión pública hasta su captura, Prado envió presuntamente 250 toneladas de cocaína a la costa Pacífica de Estados Unidos, según autoridades colombianas y estadounidenses. Se dice que la compra de coca a la columna móvil Daniel Aldana estaba documentada, pero según la inteligencia oficial Prado no aparecía como integrante de las FARC.
Análisis de InSight Crime
El caso de Prado señala los complejos lazos de las FARC con el negocio de la droga, que en ocasiones pueden difuminar la línea entre un combatiente guerrillero y un traficante. Es sin duda interesante que la pretensión de afiliación de Prado tenga relación con la columna móvil Daniel Aldana, que fuera una de las estructuras más poderosas de las FARC.
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El caso de Prado también muestra la difícil posición en la que se encuentran las FARC con respecto al acuerdo de paz. Como lo hizo notar El Tiempo, al declarar que admitir que el capo ecuatoriano hace parte del grupo guerrillero implicaría asumir la responsabilidad por las 250 toneladas de cocaína que presuntamente despachó, una admisión de culpa problemática para una organización que asegura que su participación en el negocio de la droga se mantiene dentro de las fronteras colombianas.
Negar la afirmación de Prado, por otro lado, sin duda alimentará las sospechas de que los mandos medios de las FARC estuvieron implicados en la inclusión indebida de traficantes en la lista de integrantes de las FARC para que estos pudieran acceder a las disposiciones del acuerdo de paz sin tener derecho. Las FARC ya han declarado anteriormente que someterán las listas de integrantes a un riguroso escrutinio, y señalan que resolverán dos docenas de casos como el de Prado. Pero el grupo no se ha pronunciado abiertamente sobre el caso de Prado de manera específica, lo que indica que la organización puede estar debatiendo internamente cuál es la mejor manera de proceder con este.
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