Un informe revela que el principal grupo criminal de Brasil estaría incursionando en contrabando de armas de guerra desde Venezuela para expandir sus actividades ilícitas, aprovechando la crisis económica de este país, la ausencia de controles del gobierno de Nicolás Maduro y la nueva dinámica fronteriza generada por la migración masiva.
La publicación de una interceptación telefónica que recoge la conversación entre dos líderes del Primer Comando Capital (PCC), presos en las cárceles de São Paulo y Roraima, deja al descubierto la negociación para la compra de fusiles AK-47 y AR-15, provenientes de Venezuela.
La grabación fue realizada el 4 de septiembre de 2017 como parte de una investigación de la Policía Civil del estado de Roraima y muestra “por primera vez que la frontera venezolana se ha convertido en una ruta de negociación de armamentos pesados para el tráfico de drogas”, dice O Globo, que obtuvo el documento en exclusiva.
En una parte del diálogo, los dos líderes del PCC conversan sobre armas de largo alcance y sus precios:
“Jaçanã", detenido en el sistema penitenciario paulista, preguntó:
—¡Ejem! ¿Y unos (...) más ... más grueso?
—Los más gruesos (sic), yo llego allí, mano! ¡Yo llevo ya allí en las AK-47! El hombre dijo que va a hacer unas fotos para mí esa semana allí. ¡Una AR-15, ¿entendió?! ¡Tamo aquí investigando los precios (sic), mano!, —respondió el otro hombre, que se identificaba como “Toni Caolho", desde la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, en Boa Vista, en el estado de Roraima.
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Además, el reporte de O Globo también hace referencia a la detención de una pareja de venezolanos hace unos meses, cuando traficaba drogas hacia el estado brasilero de Roraima. Los detenidos guardaban en sus teléfonos celulares conversaciones con presos de cárceles de Brasil, quienes, además de la droga, mostraban interés en adquirir armas de largo alcance.
Análisis de InSight Crime
Estos hallazgos revelan la posibilidad de que la pandilla más poderosa de Brasil esté contrabandeando armas y drogas desde Venezuela, en la búsqueda de nuevas rutas y nuevos socios para continuar expandiendo sus actividades criminales en Suramérica.
Por otra parte, la vinculación o el intercambio entre grupos criminales de ambos países no sorprende a las autoridades brasileñas. En agosto de 2017, la gobernadora del estado de Roraima, Suely Campos, había alertado acerca del incremento de los delitos en esa entidad, debido a la llegada descontrolada de venezolanos, y solicitó al presidente Michel Temer reforzar la seguridad en la zona fronteriza.
“Tenemos dos mil kilómetros de frontera seca, con diversas vías de acceso clandestinas transformadas en rutas de tráfico de drogas, de personas y de armas pesadas por organizaciones criminales”, afirmó Campos en un comunicado.
La activación de los pasos fronterizos con el considerable movimiento migratorio de venezolanos que buscan refugio en Brasil sería el principal estímulo para una serie de economías criminales en esa frontera. La gobernadora se refirió específicamente a la carretera que une a los estados Roraima y Amazonas, “utilizada como un verdadero corredor de drogas y de armas que entran por la frontera”, dijo en el documento publicado por la ONG venezolana Control Ciudadano.
Aunque no hay certeza acerca del origen de las armas que estaba negociando el PCC, no sorprendería que los militares venezolanos, frecuentemente involucrados en hechos de corrupción y tráfico de drogas (Cartel de los Soles), ahora también empujados por la crisis económica de su país, se conviertan en proveedores de armas de la pandilla criminal más poderosa de Brasil.
Los fusiles AK-47 son armas de uso oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, que ha sido denunciada anteriormente por vender o entregar armas a la guerrilla colombiana y a los “pranes” que controlan las cárceles y la zona minera.
En el caso de los fusiles AR-15, se trata de armas que en teoría no son importadas por el Estado venezolano; sin embargo, los grupos élite de algunos cuerpos policiales recibieron una dotación de este tipo de armas en 2017. Incluso, hace una semana, el 16 de febrero, un funcionario de la policía judicial fue sorprendido cuando intentaba vender un AR-15 a una organización delictiva.
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El valor de ambos fusiles en el mercado negro venezolano oscila entre US$5.000 y 8.000, mientras que en el mercado brasilero los grupos criminales pagan hasta US$22.000 por este tipo de armas de largo alcance.
El informe publicado por O Globo agrega que en algunos casos las armas son pagadas a los venezolanos con vehículos japoneses de doble tracción. Casualmente, estos modelos de automóviles son los preferidos de los militares y de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
De esta forma, la crisis económica y la inexistencia de controles por parte del gobierno de Venezuela sobre el uso y destino de las armas oficiales, facilitan el trabajo de los grupos criminales y la expansión de las economías ilegales en la región.
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