Varias propuestas destinadas a recaudar recursos para las iniciativas de seguridad en El Salvador —incluyendo un denominado “impuesto” para los teléfonos celulares— han generado gran controversia, lo cual sugiere que aunque las cosas pueden estar mal en El Salvador, la situación no ha llegado al punto en que las élites estén dispuestas a unirse con el fin de recaudar recursos para la seguridad.
Durante las últimas semanas en El Salvador, se han dado discusiones acaloradas sobre la propuesta gubernamental para que los ciudadanos paguen una “contribución especial” del 10 por ciento de su cuenta mensual de telefonía celular y cable. Aquellos que compren dispositivos electrónicos como tablets o accesorios para celulares también deberán pagar un 10 por ciento extra.
Esta propuesta fue estructurada para financiar El Salvador Seguro, estrategia de seguridad implementada recientemente, la cual se anticipa costará US$2 mil millones durante los próximos cinco años.
Los líderes del partido gobiernista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han apoyado esta iniciativa. El presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que la inseguridad en el país requería de un presupuesto extraordinario, y que todos debían contribuir.
Por el contrario, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se opuso a la propuesta, y cuestionó si el gobierno será capaz de implementar las reformas de seguridad, aun si logra recaudar el dinero.
La Asociación nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP) también ha sido crítica con la propuesta, y propone como alternativa que el presidente corte los gastos y utilice lo ahorrado para financiar la seguridad.
Otras propuestas incluyen un impuesto a los casinos, las empresas telefónicas (no a los usuarios) o a quienes devenguen más de US$500.000, así como la venta de bonos gubernamentales y la reducción de los salarios de los funcionarios públicos.
Análisis de InSight Crime
El Salvador necesita con urgencia dinero para su estrategia El Salvador Seguro. Debido al rompimiento de la tregua entre las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, el país está en camino a registrar la tasa de homicidios más alta del mundo para el final de este año.
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Pero al parecer, las recientes propuestas para recaudar fondos serán difíciles de vender al público salvadoreño. Es poco probable que el sector privado y ARENA se movilicen en este asunto, y el impuesto sobre las telecomunicaciones también puede resultar impopular entre los salvadoreños del común; muchos de quienes viven con magros ingresos y no desean que se les cargue con un gasto adicional.
En general, este tire y afloja sobre cómo financiar El Salvador Seguro sugiere que las élites del país y los sectores poderosos aún no sienten la presión suficiente para comprometerse con una solución. En contraste, con el fin de recaudar dinero para la lucha del gobierno colombiano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el expresidente colombiano Álvaro Uribe logró instituir un impuesto sobre la riqueza. En ese entonces, las FARC estaban en su periodo de mayor poder, e incluso amenazaban la existencia misma del Estado colombiano.
Al parecer, los salvadoreños aún no sienten que se encuentren en una posición similar, y no perciben que la creciente violencia y la actividad pandillera presenten una amenaza existencial para su estilo de vida. Como resultado, puede haber menos voluntad por parte de la sociedad para someterse a un incremento de impuestos para la seguridad.
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