Fuertes declaraciones de un miembro de una de las pandillas más notorias de El Salvador al New York Times ilustran la estrategia violenta del grupo y su actual postura en pie de guerra.
Las declaraciones, divulgadas como parte de un artículo The Times sobre el interminable ciclo de violencia entre las pandillas y el gobierno en El Salvador, ahora centrado en la manera como las pandillas ven la estrategia de mano dura aplicada por el gobierno, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de pertenecer a pandillas.
“El gobierno tendrá que pagar la cuenta por lo que ha hecho”, sentenció Santiago, miembro de la facción de Barrio 18 los Sureños, al Times en referencia al planteamiento. “Tendrán que respondernos, de una u otra forma”.
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La violencia de ambas partes ha crecido a niveles extraordinarios. Los cerca de 15 homicidios diarios cometidos en septiembre hicieron de este el mes más cruento en lo que va de 2017. Pero eso no basta, según Santiago, para empujar a las partes a negociar.
“La violencia debe alcanzar niveles mucho más altos que los actuales para forzar esa consideración”, comentó Santiago a The Times. “Solo entonces la gente empezará a pensar en una solución integrada. La verdad es que el país tiene que sangrar más”.
Análisis de InSight Crime
Los comentarios de Santiago muestran que el ciclo de violencia persiste en El Salvador y cómo las pandillas lo usan en beneficio propio.
Una tregua con las pandillas, mediada por el gobierno en 2012 dio lugar a una caída casi inmediata de los homicidios. Pero las muertes violentas se dispararon luego del colapso de la tregua, una ilustración de cómo las pandillas estaban dispuestas a usar los homicidios como palanca para forzar la continuación de los diálogos.
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Las pandillas no solo usan la violencia como carta de cambio, sino también para ejercer poder político. De hecho, el jefe de policía de El Salvador Howard Cotto acusó hace poco a las pandillas de tratar de infiltrarse en la política local ofreciendo garantizar votos a los candidatos a cambio de la reducción de los índices de violencia.
Sin embargo, las políticas de línea dura no han logrado detener la carnicería. Más aún, se ha acusado a las autoridades de manejar prisiones clandestinas y escuadrones de exterminio contra las pandillas. Y cientos de policías han sido acusados por presuntas faltas de comportamiento.
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